Aprobarán un plan de acción para mejorar la seguridad de los explosivos
LUXEMBURGO, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -
Los ministros de Interior y de Justicia de la Unión Europea tratarán de alcanzar mañana un acuerdo político sobre una norma que obligará a tipificar como delito en todos los Estados miembros las conductas de inducción pública, captación y entrenamiento para el terrorismo, incluyendo los casos en que estas actuaciones se lleven a cabo a través de Internet, por ejemplo mediante la difusión de instrucciones para fabricar una bomba en una página web.
El último informe de Europol publicado el pasado 7 de abril alertaba del creciente uso de Internet para difundir "propaganda terrorista" y "manuales de fabricación de bombas". También Naciones Unidas ha expresado su preocupación por el uso que hace el terrorismo de Internet para reclutar miembros, según ha recordad la Comisión Europea.
Los Veintisiete quieren responder a este desafío con esta nueva norma, que modificará la decisión marco sobre terrorismo que se adoptó en 2002. Al mismo tiempo, pretenden dejar claro que los derechos fundamentales, particularmente la libertad de expresión y de prensa, no se verán mermados con esta iniciativa.
En este sentido, en el preámbulo de la propuesta de la Comisión se dejaba claro que "no se pretende reducir ni restringir la difusión de información para uso académico, científico o informativo" y que "la expresión de puntos de vista polémicos en el debate público sobre cuestiones políticas sensibles, incluyendo el terrorismo, queda fuera del alcance" de esta norma.
Dos son las cuestiones que quedan pendientes de resolver: en primer lugar, si se tipifica la tentativa de entrenamiento de terroristas (por ejemplo, la construcción de un campo de entrenamiento), algo que defiende España. En segundo lugar, si los países de la UE podrán perseguir o no estos nuevos delitos fuera de las fronteras de la UE. Para España esto tampoco plantea problemas porque, de acuerdo con la legislación nacional, la jurisdicción española es competente para conocer los delitos de terrorismo cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional.
Los ministros del Interior darán también luz verde a un plan de acción sobre explosivos, que se empezó a fraguar a raíz de los atentados del 11-M en Madrid, y cuyos elementos centrales son la creación de una base de datos en Europol y la puesta en marcha de un sistema de alerta rápida en caso de robo de explosivos.
Asimismo, se prevé crear una red de unidades de desactivación de explosivos, que permitirá a los servicios competentes compartir información, identificar las mejores prácticas u organizar ejercicios conjuntos de formación. El plan de acción contempla la puesta en marcha de un comité de expertos en materia de precursores, cuyo cometido consistirá en estudiar e identificar los riesgos asociados a los precursores de explosivos y recomendar las medidas apropiadas. Finalmente, se establecerá un grupo sobre detección de explosivos cuyo objetivo es impulsar la utilización de nuevas tecnologías en este campo.
Los Veintisiete aprobarán convertir Europol, que hasta ahora trabaja como un órgano intergubernamental de coordinación policial, en una agencia comunitaria, con el objetivo de mejorar su funcionamiento operativo y administrativo. A partir de 2010, su presupuesto será financiado por las arcas comunitarias.
La reforma extiende el mandato de Europol más allá del crimen organizado. De este modo, podrá ayudar más fácilmente a los Estados miembros en las investigaciones penales transfronterizas en las que la implicación del crimen organizado no esté probada desde el principio.
EXENCIÓN DE VISADOS
Los ministros de Interior y Justicia aprobarán un mandato para que la Comisión negocie en nombre de los Veintisiete un acuerdo para eliminar a todos los Estados miembros la obligación de obtener un visado para viajar a Estados Unidos. El objetivo de esta iniciativa es frenar los pactos bilaterales, como el que ha firmado República Checa, Estonia o Lituania, que a juicio del Ejecutivo comunitario invaden competencias comunitarias.
En estos momentos, pueden entrar a EEUU sin visado los antiguos 15 Estados miembros menos Grecia, mientras que los países de la ampliación, salvo Eslovenia, sí que tienen que someterse a esta exigencia. Ante la falta de respuesta de Washington a las peticiones de la UE para que elimine el visado a todos sus ciudadanos, algunos Estados miembros encabezados por República Checa han empezado a negociar de manera bilateral, lo que ha provocado una fuerte polémica en Bruselas.
En una reunión celebrada el pasado 13 de marzo en Eslovenia, la UE y EEUU acordaron que la Comisión discutirá con Washington de aquellos temas que sean de competencia comunitaria, como los datos que se pueden compartir o la repatriación, mientras que los Estados miembros estarán autorizados a negociar las cuestiones bilaterales, como la presencia de policías armados en los aviones.
Los Veintisiete aprobarán también este viernes otorgar a la Comisión un mandato para negociar un acuerdo con Brasil que permita eliminar completamente la exigencia de visados de corta duración (menos de 90 días). Brasil impone visados a los países de la ampliación y, por razones constitucionales, para suprimirlos requiere un acuerdo internacional.
El acuerdo no modificará la situación para España, cuyos nacionales no necesitan visado para entrar a Brasil y que tampoco exige visado a los brasileños. Sin embargo, el Gobierno lo impulsa para reforzar la cooperación entre la UE y las autoridades brasileñas en esta materia, sobre todo después del malestar del Gobierno de Luis Inázio Lula da Silva por la negativa de España a permitir la entrada a numerosos brasileños en aplicación de las reglas comunitarias.