MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Ecuador denunció hoy que las políticas de extranjería de la UE son "cada vez más restrictivas" y que el control de fronteras que aplican los Veintisiete "no apuesta precisamente por los derechos de los inmigrantes", si bien subrayó que España ha dado "incuestionables demostraciones" de que considera la inmigración como un factor positivo.
Lo hizo a través de su consejero en la Embajada en España, Carlos Larrea, quien participó junto a la secretaria de Estado para Iberoamérica, Trinidad Jiménez, en la presentación de las conclusiones del I Foro Iberoamericano sobre Migración y Desarrollo, celebrado en abril pasado en Cuenca, Ecuador.
Larrea se refirió también a las familias que definió como "transnacionales", aquellas en la que uno de sus miembros vive y trabaja en un país distinto al resto de sus allegados y subrayó que esta unidad familiar "forzada" espera "reunificarse".
El ministro español de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, anunció a primeros de mes que el Gobierno, en aplicación de una serie de directivas europeas, propondrá limitar el derecho de los inmigrantes a la reagrupación de los ascendientes, en el sentido de que deberán esperar al quinto año de residencia, y no al primero, como en la actualidad, para que sus padres se trasladen a España.
Trinidad Jiménez destacó que la normativa española "no rechaza a los inmigrantes", sino que "trata de ordenar" los flujos con el "máximo respeto a los derechos fundamentales y a la dignidad humana" de los inmigrantes, igual que hace el resto de países europeos, aseguró.
También defendió las dos últimas medidas adoptadas por los Veintisiete en materia de inmigración, la directiva de retorno y el Pacto por la Inmigración, porque dan más garantías a los derechos de los inmigrantes y calificó de "falsa" la "percepción" de que estas medidas recortan los derechos de los migrantes.
Con respecto a la directiva, subrayó que obliga a los países que no tenían límites para mantener retenido a un inmigrante a la espera de ser expulsado a establecer unos máximos, que no podrán superar los 18 meses.