ESTRASBURGO, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -
El pleno del Parlamento Europeo condenó hoy las inhabilitaciones de políticos venezolanos por parte del Gobierno de Hugo Chávez, así como la expulsión de varios miembros de Human Rights Watch tras la publicación de un informe de esta ONG en el que criticaba la falta de libertades públicas en Venezuela. La resolución de la Eurocámara lamentó igualmente el asesinato por disparos del líder estudiantil Julio Soto el pasado 1 de octubre.
La resolución fue adoptada este jueves en Estrasburgo tras un debate de urgencia sobre Derechos Humanos en el que no participó ningún eurodiputado español. El texto, presentado conjuntamente por PPE, ALDE y UEN, salió adelante con 51 votos a favor, uno en contra y ninguna abstención.
El eurodiputado del Grupo Popular Europeo (PPE) José Ribeiro e Castro abrió el debate y aseguró que los venezolanos viven desde hace años una "situación terrible" en la que "se violan los derechos fundamentales" de los ciudadanos. "Existen listas de persecución política siguiendo el modelo del totalitarismo", denunció Ribeiro e Castro, quien calificó este hecho de "inaceptable".
Además, criticó de igual manera la expulsión de "representantes de los Derechos Humanos" y exigió que "se aclare la verdad" sobre la muerte de Soto, "una víctima del clima de violencia que alimenta el partido en el poder".
Por su parte, las eurodiputadas Ewa Tomaszewska (UEN) y Renate Weber (ALDE), autoras del texto, denunciaron la situación que se vive en Venezuela, especialmente en las últimas semanas. "Hay que exigir que se respete la libertad de expresión y de asociación en Venezuela" y que el país sudamericano "vuelva a la democracia", pidió Tomaszewska. Weber advirtió de que la situación de la oposición durante años "ha sido muy difícil" y afirmó que "la democracia y el Estado de derecho en este país son realmente una broma".
Sin embargo, el representante de Izquierda Unida Europea Pedro Guerreiro censuró la "maniobra inaceptable y despreciable" que a su juicio es la resolución aprobada por la Eurocámara, a la que acusó de participar en una "operación de injerencia". "Este debate sólo tiene como objetivo dar respuesta a los que alimentan y promueven el larguísimo proceso de interferencia y desestabilización de un Estado soberano", criticó.
PREOCUPACIÓN POR LAS ELECCIONES REGIONALES
La resolución recoge la preocupación por la lista presentada por el Controlador General de la República en la que se inhabilitan a casi tres centenares de políticos --en su mayoría de la oposición-- a presentarse a las elecciones regionales y municipales del próximo mes de noviembre.
"La utilización política de estas listas cercena los derechos civiles y políticos de los opositores al actual Gobierno venezolano, en concreto los derechos a ser elegido y el derecho de los electores a elegir libremente a sus autoridades locales, regionales y nacionales", según recoge la resolución citada por el PPE en un comunicado.
Así, el texto "exhorta" al Gobierno venezolano a dejar esa decisión en manos de la Justicia "en el marco de las disposiciones de los artículos 42 y 65 de la Constitución venezolana que reconocen únicamente esta facultad de manera definitiva al poder judicial". Los eurodiputados también recordaron al Ejecutivo de Chávez que "debe cumplir los acuerdos internacionales firmados y ratificados por Venezuela", tales como la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
También se incluye la "enérgica" condena por el asesinato del líder estudiantil del partido Copei, Julio Soto, el pasado 1 de octubre en Maracaibo, y exige a las autoridades venezolanas "cuantos esfuerzos sean necesarios" para esclarecer "a la mayor brevedad posible este crimen" y poner a sus responsables ante la justicia.
Finalmente, la resolución "rechaza tajantemente el acoso y la expulsión arbitraria" del director de la ONG Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, y del subdirector, Daniel Wilkinson, "por la presentación de un informe crítico sobre las libertades públicas y el respeto a los derechos humanos durante los 10 años de mandato del presidente Hugo Chávez". Dichas expulsiones suponen "un precedente muy grave" para la "libertad de expresión y crítica que ha de existir en toda sociedad democrática", según añade el texto.