MONTEVIDEO, 20 May. (EUROPA PRESS) -
La Cámara de Diputados de Uruguay rechazó en la madrugada del viernes la derogación de la Ley de Caducidad, que fue promulgada en 1986 e impide el procesamiento de militares presuntamente vinculados con delitos y abusos durante la dictadura de 1973 y 1985.
Después de quince horas de debate, el proyecto interpretativo que pretendía dejar sin efecto tres artículos de la ley no logró la mayoría simple de los diputados presentes, sino que hubo un empate, según han informado los medios de comunicación uruguayos. De los 98 legisladores, 49 --de la oposición-- votaron en contra de la iniciativa, y otros 49 --todos del Frente Amplio, la coalición que lidera el presidente, José Mujica-- votaron a favor.
En la votación fue clave el diputado Víctor Semproni, de Espacio 609 (socio del Frente Amplio), que, tal como había anunciado, se retiró de la sala después de pronunciarse en contra del proyecto. "No vamos a transitar por el tema de la disciplina partidaria. Con dolor, no lo vamos a hacer porque esto es un tema de conciencia que no podemos eludir", dijo Semproni ante los diputados, según el diario 'El País'.
Sin embargo, aclaró que está "en pie de lucha para borrar la Ley de Caducidad del sistema legal uruguayo", y que rechazó la iniciativa por ser "poco segura, poco efectiva y, tal vez, generadora de mayores dificultades". Dado que se desmarcó de la posición del Frente Amplio, Semproni deberá someterse al tribunal de ética de la coalición.
Otros tres diputados que votaron a favor del proyecto interpretativo por "disciplina partidaria" admitieron que éste les parece "erróneo". El texto fue votado en la Cámara de Diputados el pasado octubre, pero el Senado le introdujo modificaciones, por lo que para que se pudiese aprobar la Cámara baja debía ratificar esos cambios.
Felipe Michelini, uno de los diputados contrarios a la iniciativa e hijo del legislador Zelmar Michelini, asesinado durante la última dictadura, indicó que "hasta el día de hoy tienen secuestrada la verdad, y en el marco de un compromiso mafioso siguen y continúan ofendiendo a las víctimas y sus familiares".
Durante el debate, la oposición criticó el "atropello" del Frente Amplio a los dos plebiscitos que ratificaron la ley (en 1989 y 2009), mientras que la izquierda aludió al carácter inconstitucional de la Ley de Caducidad y a la necesidad de aplicar la justicia y juzgar a los responsables de los delitos cometidos durante la dictadura militar.
El Frente Amplio llevó la propuesta a la Asamblea General en desacuerdo con Mujica, un ex guerrillero izquierdista que se empeñó en no volver a abrir en Uruguay una discusión sobre la represión ejercida durante la dictadura, diciendo que no quería ver "viejos milicos" (militares) en la cárcel.
MANIFESTACIÓN POR LAS VÍCTIMAS
Un centenar de personas se manifestaron con pancartas pacíficamente en los alrededores del Parlamento, a lo que sumó una huelga parcial convocada por la central sindical en apoyo al Gobierno que afectó ligeramente al transporte, la educación y el sector financiero.
Los familiares de los desaparecidos y asesinados durante la dictadura consideran que el asunto se manejó de forma incorrecta y responsabilizan del desenlace al Frente Amplio. "Es una vergüenza que esto siga vigente después de tantos años (...). Esta ley que no nos hizo nada bien, no pudimos avanzar en el camino de la verdad y la justicia", declaró a la agencia Reuters Lille Carusso, esposa de Alvaro Balbi, asesinado durante la dictadura.
"La gravedad es que se sigue manteniendo la impunidad (...), que ahora se vuelve a reafirmar desde lo político", sostuvo Jacqueline Barrios, familiar del uruguayo Washington Barrios, desaparecido en Argentina.