Actualizado 11/06/2007 19:41

Uruguay.- Un informe secreto de 1981 confirma que durante la dictadura el gobierno espió a unos 300.000 uruguayos


MONTEVIDEO, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Al menos 300.000 uruguayos fueron fichados e investigados durante los años de la dictadura por la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) de Uruguay, un organismo dependiente del ministerio del Interior. El dato se desprende de un informe de caracter confidencial realizado en 1981 por el entonces director de la DNII, Víctor Castiglioni y cuyo destinatario era el ministro del Interior.

Según el documento 'Investigación Histórica sobre Detenidos Desaparecidos en cumplimiento del Artículo 4º de la Ley 15.848', durante la dictadura el DNII realizó "varios miles de procedimientos de vigilancia" de instituciones profesionales, culturales, sociales y deportivas y con el consentimiento de las autoridades uruguayas se formó a profesores de secundaria "en el conocimiento del comunismo".

Con fecha del 17 de agosto de 1981, el informe es anterior a la designación del dictador Gregorio 'Goyo' Álvarez y se realizó en medio de la tercera oleada de represión conocida como 'Operación Morgan' en la que fueron torturados numerosos jóvenes --militantes comunistas, sindicales y estudiantiles-- en un cuartel de Montevideo, según informa el diario uruguayo 'La República'.

Asimismo las autoridades del DNII dividían a los ciudadanos en varias categorías, a, b y c, según sus antecedentes políticos y su compromiso con "el proceso cívico militar". Los que pertenecían a las dos últimas categorías no podían desempeñar ninguna función pública y eran vigilados de forma permanente por los órganos de represión del Estado.

Estar incluido en las categorías B y C era sinónimo de peligro de cárcel, de destitución si se era funcionario público y la imposibilidad de acceder a cualquier trabajo del Estado. Algunas de las empresas exigían como requisito laboral la 'constancia de fe democrática'.

El informe revela además que Inteligencia Policial controló la 'constancia de habilitación para la Función Pública', un requisito obligatorio para ser o acceder al funcionariado público. "En un período de cuatro años se informaron alrededor de 300.000 formularios tanto para la permanencia como para el ingreso a la Administración Pública", según informó el citado diario, que añadió que de esta manera fueron encarcelados o destituidos por su pensamiento y su compromiso con la democracia.

"A fin de erradicar las profundas raíces desarrolladas por el comunismo en el Cuerpo social del país, se comenzó a investigar las actividades de todo tipo de instituciones (Profesionales, Culturales, Sociales, Deportivas, etc.)" en 1974, indicó el documento.

El director de Inteligencia Policial indicó al ministro del Interior que se controlaron "sus asambleas, sus actos electorales e informando de los antecedentes que pudieran registrar los candidatos o autoridades de esas instituciones".

"El suscrito (...) desde 1979 está cooperando estrechamente en los cursillos de extensión cultural que organiza la Dinarp y el Consejo de Enseñanza Secundaria para los profesores de Educación Moral y Cívica, cuyo objeto es propender a un mayor conocimiento del comunismo", agregó el inspector Castiglioni en el documento.