Foto: EMBAJADA DE VENEZUELA EN EEUU
CARACAS, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Nicolás Maduro ha repudiado la expulsión ordenada por Estados Unidos de tres diplomáticos de su Embajada en Washington en represalia por la orden en este mismo sentido dada por Caracas contra tres diplomáticos estadounidenses.
En un comunicado, el Ministerio de Exteriores venezolano ha defendido la actuación de sus tres diplomáticos frente a la realizada por los tres estadounidenses a los que Maduro ordenó expulsar este lunes del país, acusándoles de interferir en los asuntos internos del país.
El Gobierno venezolano "repudia la expulsión del encargado de Negocios (...), Calixto Ortega Ríos, así como de la segunda secretaria de la Embajada, Mónica Sánchez, y la cónsul, Marisol Gutiérrez, del Consulado de Venezuela en Houston; pues no se puede considerar esta una decisión recíproca".
Según Caracas, los tres han mantenido una "conducta inequívoca" y "no han osado en ningún momento sostener reuniones con grupos contrarios al Gobierno del presidente Barak Obama o con personas interesadas en actuar en contra del Gobierno estadounidense".
Así las cosas, añade el comunicado, Maduro "desea reivindicar la labor realizada en Estados Unidos por los mencionados compatriotas venezolanos, de quienes nos sentimos orgullosos, pues han representado dignamente la patria del libertador Simón Bolívar y del comandante Hugo Chávez".
Por otra parte, el Ejecutivo venezolano ha rechazado "categóricamente" las declaraciones realizadas por la encargada de negocios de la Embajada estadounidense, Kelly Keiderling, una de las tres expulsadas.
"Todas las acusaciones de conspiración, de que vamos a acabar con el mundo, son falsas", dijo ayer Keiderling, en rueda de prensa en Caracas. No obstante, la hasta ahora máxima funcionaria estadounidense en Venezuela reconoció que "si la acusación (de Maduro) es reunirse con la sociedad civil", es culpable. "Si no lo hiciéramos, no estaríamos cumpliendo nuestro trabajo", sostuvo.
En opinión del Gobierno venezolano, "estas declaraciones son una confesión de la abierta injerencia en los asuntos internos de Venezuela, razón por la cual la funcionaria fue declarada como persona non grata y exhortada a abandonar el territorio venezolano".