Actualizado 25/04/2007 05:28

Venezuela.- El Comité para la Protección de Periodistas denuncia razones "políticas" para el cierre de RCTV


CARACAS, 25 Abr. (EP/AP) -

El Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) denunció ayer que la decisión que tomó el Gobierno del presidente venezolano, Hugo Chávez, de no renovar la concesión de transmisión del canal privado Radio Caracas Televisión (RCTV) responde a una motivación "predeterminada" y "política".

La organización CPJ señaló en un comunicado que, después de tres meses de investigaciones, considera que la no renovación de la concesión a la señal de RCTV, que implicará el cierre del canal, representa un precedente "alarmante", y genera "dudas" al comité sobre la situación de la libertad de expresión en Venezuela.

El CPJ indicó además que el caso de la televisora venezolana, que es abierta opositora al Gobierno, se da en medio de un proceso en el que la administración de Chávez se está moviendo agresivamente para expandir los medios del Estado y amplificar su voz.

Las autoridades venezolanas han anunciado que la concesión de RCTV vencerá a la medianoche del 27 de mayo, y que a partir de esa fecha utilizará la señal para un canal de servicio público.

"En los meses antes y después del anuncio, el Gobierno no llevó a cabo ninguna audiencia, no siguió ningún proceso perceptible de aplicación, ni dio ninguna oportunidad de respuesta a RCTV ante las afirmaciones hechas por altos funcionarios", señalaron los representantes de CPJ, Carlos Lauría y Sauro González.

Chávez defendió ayer la decisión de no renovar la concesión RCTV, y aseguró que en el país existe completa libertad de expresión, al tiempo que sostuvo que la licencia del canal simplemente expiró.

El gobernante desestimó, durante un acto en el Palacio Presidencial, una marcha que realizaron el pasado sábado en la capital empleados de la cadena de televisión, periodistas y opositores a favor del canal. "Si yo convocara una marcha para que vengan todos los que apoyan el fin de la concesión, bueno, nos faltarían calles, avenidas y ciudades", aseguró.

Por su parte, el presidente de RCTV, Marcel Granier, consideró que la medida gubernamental representa "un atropello" a la libertad de expresión porque implicará el cierre del canal donde laboran unas 3.000 personas.