El plan fue urdido con la complicidad del Gobierno colombiano y la oposición venezolana, según el Congreso
CARACAS, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Asamblea Nacional venezolana remitirá en los próximos días a la Fiscalía General del Estado todo su material sobre la investigación del plan de magnicidio supuestamente articulado en 2004 por el líder opositor Manuel Rosales contra el presidente, Hugo Chávez, con el objetivo de que éste complemente la investigación impulsada por el Ministerio Público.
El presidente de la Comisión Especial del Congreso encargada de investigar el plan de magnicidio, que supuestamente iban a perpetrar 153 paramilitares detenidos en la finca Daktari, Mario Isea subrayó ña necesidad de que la Fiscalía General reabriera el caso porque "surgieron nuevos elementos que demuestran que no se trataba simplemente de una rebelión, sino de una conspiración que involucra a civiles y militares dentro y fuera del país".
"Nos sentimos muy contentos que la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, esté tomando cartas en el asunto. Me parece muy importante la posible reactivación del caso de la finca Daktari, que llevan adelante los tribunales militares", explicó, informa la agencia bolivariana de noticias.
Isea recalcó que los paramilitares colombianos detenidos en la finca en el este de Caracas actuaron con la presunta complicidad del Gobierno de Colombia y políticos de la oposición venezolana e identificó al opositor Orlando Urdaneta como el presunto promotor del magnicidio con apoyo de militares.
A su juicio, se debería reabrir nuevos juicios a algunas de las personas juzgadas por traición a la patria venezolana porque podrían estar inmersas en la conspiración para cometer asesinatos en la propia finca, que no fueron investigados y sanciones.
"Pensamos que hay un conjunto de elementos que nos obligan a pedirle a la Fiscalía General, que actúe en estos hechos y que diligencie y impute por nuevos delitos a varios de los participantes en el caso de la mencionada finca", concluyó.
El presidente venezolano, Hugo Chávez, indultó en agosto de 2007 a los 41 paramilitares colombianos que todavía permanecían detenidos en el país alegando que, aunque cometieron un delito de rebelión militar, no violaron los derechos humanos ni cometieron un delito de crimen de guerra.
El informe aprobado por el Pleno de la Asamblea General el pasado 13 de octubre, que señala al ex candidato presidencial de la oposición y ex alcalde de Maracaibo Manuel Rosales como el principal cabecilla de la trama para asesinar a Chávez, refleja la relación entre los paramilitares colombianos y la coalición opositora venezolana Coordinadora Democrática para atentar contra el mandatario venezolano.
Por su parte, el ex director de Informática del Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia (DAS), Rafael García, admitió el mes pasado que el DAS, a través del Bloque Norte del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y en colaboración con el Ministerio del Interior colombiano, participó en un plan para asesinar a Chávez, impulsado por la oposición venezolana.
"Hubo toda una conspiración contra el Gobierno venezolano, de la cual, hasta donde yo sé, participaron facciones el Bloque Norte y el DAS. También era estimulada por el ministro del Interior colombiano, Fernando Londoño", subrayó en declaraciones a la televisión colombiana recogidas por el canal Tele Sur. "Incluso se reunieron con militares venezolanos", precisó García.
García aseguró que el ex director del DAS Jorge Loguera le confirmó la participación de venezolanos en el plan de magnicidio, especialmente "la familia Lapi, del estado Yaracuy" y "un político de apellido Marín".
Asimismo, confirmó que los planes de magnicidio no sólo se reducían al presidente Chávez, sino que también había planes para asesinar al vicepresidente de Venezuela, José Vicente Rangel, al entonces ministro del Interior, Jesse Chacón y al fiscal general, Isaías Rodríguez.