CARACAS, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -
El director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, desestimó ayer los argumentos que usó el Gobierno venezolano para justificar su expulsión del país y dejó claro que este hecho no impedirá que continúe con su trabajo por la defensa del Estado de Derecho en Venezuela.
En una entrevista exclusiva concedida a la cadena de televisión CNN, Vivanco explicó que no entró en el país con una visa de turista, como sostiene la cancillería, pues por ser ciudadano chileno sólo debió llenar el formulario en el que se declara el propósito de viaje. "Tomamos la opción de conferencias y trabajos", señaló.
El director de HRW considera que la decisión en su contra tiene como objetivo impedir un debate sobre el fondo de lo que contiene el informe que presentó la organización, con críticas muy serias al debilitamiento de la democracia en el país.
"Vamos a seguir trabajando por la defensa y la promoción de los Derechos Humanos y el Estado de Derecho en Venezuela. Creemos que la década de Chávez ha representado un grave deterioro en estos ámbitos como dijimos en nuestro informe. No vamos a claudicar, no vamos a ceder y esperamos que aquellos colegas defensores que viven en Venezuela puedan seguir trabajando con mucha fuerza para cambiar la situación interna", sentenció.
A través de un comunicado, la Cancillería de Venezuela anunció anoche la expulsión de Vivanco del país y su acompañante Daniel Wilkinson, acusándolo de "agredir" las instituciones después de que divulgaran en Caracas un informe crítico al Gobierno.
El Ministerio de Asuntos Exteriores asegura que ambos ciudadanos atentaron contra la Constitución del país, las leyes vigentes y fijaron posición sobre asuntos internos. "Es política del Estado venezolano hacer respetar la soberanía nacional y garantizarle a las instituciones y al pueblo su defensa frente a ataques internacionales que responden a intereses vinculados y financiados por el Gobierno de Estados Unidos", sentencia.
Asimismo argumenta que la delegación "agredió las instituciones de la democracia venezolana". Este texto fue aprobado por los ministros de Exteriores, Nicolás Maduro, y de Interior y Justicia, Tarek El Aissami. Maduro dijo en la televisión estatal de Venezuela que el Gobierno actuó en respeto a la Carta Magna Venezolana. Precisó que Vivanco fue escoltado por funcionarios de la cancillería hasta el Aeropuerto Internacional de Maiquetía y obligado a tomar un vuelo inmediato para que saliera del territorio nacional.
ANTECEDENTES
Así pues, el portavoz de HRW y Daniel Wilkinson abandonan el país y no podrán volver a Venezuela porque cometieron una "grave violación a la soberanía venezolana".
En oportunidades pasadas, el Gobierno venezolano también ha optado por expulsar a personalidades que han criticado la postura de su régimen, recientemente expulsó públicamente al embajador de Estados Unidos en territorio nacional, Patrick Duddy, en 2000, la activista política de peruana, Lourdes Flores, quien lo comparó con Alberto Fujimori, estuvo a punto de ser declarada como "extranjera no grata" por parte del primer mandatario.
Adicionalmente, se trata de la primera vez que un miembro de Human Rights Watch es expulsado de un país latinoamericano, y la segunda a nivel mundial. La primera tuvo lugar en 1999 cuando su representante fue expulsado de Turkmenistán; el Gobierno local le ha negado la entrada desde entonces. Hay numerosos casos en que los delegados de la organización no pueden entrar, e incluso se les ha negado la entrada en el país.
MARCO LEGAL
La profesora de derecho internacional, Angelina Jaffé, asegura que los representantes del Ejecutivo aducen un delito de inmigración para expulsar a José Miguel Vivanco y a su acompañante Daniel Wilkinson. "El Gobierno argumenta que se trata de un delito de inmigración, que ellos entraron al país para ejercer actividades para las cuales no tenían permiso".
De acuerdo al artículo 39 de la Ley de Extranjería y Migración, el Gobierno puede expulsar a los extranjeros que a su juicio comprometan la seguridad y defensa de la nación, alteren el orden público o estén implicados en delitos contra los Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario o las disposiciones contenidas en los instrumentos internacionales.
Dentro de estos parámetros caben las incursiones contra la soberanía nacional, que se atribuyen a los representantes de Human Rights Watch.