CARACAS, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía venezolana, a través del Tribunal Segundo de Control de Ciudad Bolívar, ha emitido órdenes de captura contra 14 efectivos militares adscritos al Teatro de Operaciones Cinco, presuntamente involucrados en el asesinato de seis mineros en La Paragua, estado de Bolívar.
Los fiscales Katiuska Bolívar y Jean Carlos Castillo solicitaron la privación de libertad de los efectivos por los presuntos delitos de homicidio calificado con alevosía en perjuicio de Luis Giovanni Lima Rondón, Bartolomeo Sánchez, Romany García Rondón y José Rondón, además de otras dos víctimas cuyas identidades están por conocerse.
En un comunicado de prensa el Ministerio Público precisó que los 14 militares están involucrados en un delito de homicidio calificado con alevosía en grado de frustración en perjuicio de la persona que resultó herida en el hecho, según informa la prensa local, recogida por Europa Press.
Los efectivos militares contra quienes se libraron las órdenes de aprehensión son el mayor Leonidas Andrades Fernández; el subteniente José Rodríguez Sánchez; el subteniente de segunda César Rodríguez Betancourt; los sargentos de primera Ronald Marcano Castillo, José Luis Azócar, Emilio García Ledezma y Rafael Hernández.
Además, los sargentos de segunda Gustavo Quintero y José Ramón Perdomo; y los cabos segundo José Alexander Rojas, Gabriel Ramos, José Muñoz González, Erad Bolívar Camaray y Freddy Narváez Urdaneta. Ahora, corresponde al Ministro de la Defensa poner a orden del Tribunal a estos efectivos.
Hasta el momento los fiscales han pedido varias diligencias, como la lista de armas de fuego y características de la aeronave tripulada por los investigados, las necropsias de ley, inspecciones del lugar del suceso, rastreo en busca de evidencias de interés criminalístico, experticias de levantamiento planimétrico y trayectoria balística.
Los asesinatos fueron cometidos en las cercanías de la población de La Paragua, situada a unos 780 kilómetros al sureste de Caracas, en una zona selvática próxima a la frontera con Brasil en la que desde el pasado 18 de agosto está prohibida la actividad minera de todo tipo.