CARACAS, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Hugo Chávez está facultado para intervenir terrenos que estén desocupados en las ciudades y entregarlos a las comunidades para que le den un uso social, aclaró este jueves el ministro venezolano de Obras Públicas y Vivienda, Diosdado Cabello.
Cabello se refirió así a la recién promulgada Ley de Tierras Urbanas con la que, a partir de ahora, el Estado venezolano "está facultado para intervenir esos terrenos y entregarlos a las comunidades para su beneficio".
Así, recordó que Chávez ha advertido de que "donde haya un terreno desocupado, allí tiene que entrar el pueblo y la revolución; porque no podemos seguir engordando terrenos en las mejores esquinas de Caracas".
De esta manera, el ministro hizo un llamamiento a las organizaciones vecinales a que conformen grupos que se encarguen de detectar los terrenos en su barrio que estén en desuso desde hace varios años, informó la Agencia Bolivariana de Noticias (ABN).
La oposición ha denunciado que con esta nueva normativa el Gobierno de Chávez se dedicará a expropiar terrenos a los privados, afirmaciones que han sido desmentidas por Cabello quien aclaró que se trata de una ley que busca beneficiar a las personas que necesitan vivienda.
"Ahora con este instrumento legal ya estamos apegados a la ley para que más les duela, porque es una ley que aprobó la revolución para consolidar el proceso revolucionario", subrayó.
Esta ley "se aplicará en todas las tierras urbanas aptas para el desarrollo de programas sociales de vivienda en el territorio nacional, donde por tierras urbanas aptas para el desarrollo de programas sociales de viviendas se entiende aquellas sin uso ubicadas en áreas centrales de las ciudades y en los municipios", señala un resumen divulgado en agosto por ABN.
A partir de ahora, los propietarios de los "inmuebles, terrenos y parcelas que se encuentren en las condiciones de tierras urbanas aptas están obligados a enajenarlos a favor de la República conforme al principio del derecho de preferencia". En estas se incluyen "aquellas tierras urbanas abandonadas por sus propietarios, las que están sin edificar y cualquier otra que así determine el Ejecutivo nacional".
El Gobierno venezolano, a través de órganos competentes, será el encargado de determinar los espacios que va a intervenir, tal y como sucede con la Ley de Tierras para el control de los espacios agrarios en las zonas rurales, mediante la cual han sido intervenidas decenas de fincas.
La nueva ley se justifica porque "existen extensiones de terrenos cuyo uso en nada corresponde con la función social que debe darle a la propiedad, debido a la existencia de grandes monopolios inmobiliarios que controlan la compraventa de terrenos y parcelas", señala la ABN.