Trinidad Jiménez se pone en contacto con el presidente de la compañía y con el embajador español en Venezuela
MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno español está siguiendo con "preocupación" el registro realizado ayer por la Fiscalía venezolana a la sede de Iberia en Caracas, aunque ha pedido "cautela" para ver cómo concluye el proceso ya que se está haciendo conforme a las leyes del país, según informó hoy la secretaria de Estado para Iberoamérica, Trinidad Jiménez.
Durante su participación en un desayuno informativo, Jiménez precisó que el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Angel Moratinos, se puso ayer en contacto con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, y que ella misma habló con el presidente de Iberia, Fernando Conte, y con el embajador español en Caracas, Raúl Morodo.
"El Gobierno español estuvo informado en todo momento (...) Hemos estado siguiendo todo este proceso con cautela y preocupación. Yo personalmente hablé con el presidente de Iberia y nuestro embajador en Caracas y el ministro de Asuntos Exteriores tuvo ocasión de hablar con el canciller venezolano", precisó Jiménez.
Además, explicó que el embajador Morodo se puso en contacto con la fiscal nacional Yoneiba Parra, encargada del registro a las oficinas de Iberia en Caracas en el marco de una investigación por la presunta quiebra fraudulenta en 1997 de la compañía venezolana Viasa, de la cual Iberia había adquirido un 45 por ciento de acciones en 1991.
"Por el momento hemos hecho todas las gestiones que debíamos hacer a los niveles que teníamos que hacerlo. Creemos que de momento todo se está haciendo conforme a las leyes del país y conforme al ordenamiento judicial", sentenció la secretaria de Estado para Iberoamérica.
La Fiscalía pretende imputar en el caso al entonces presidente de Iberia, Xavier de Irala, actual presidente de la caja de ahorros Bilbao Bizkaia Kutxa (BBK), motivo por el que ha enviado una carta rogatoria al Gobierno español en la que pide ayuda para obtener el testimonio judicial del ex directivo de Iberia.
Además, han sido imputados Rafael García Hernández y Pedro Antonio Echeverría, administradores de la desaparecida Viasa, por un presunto delito de quiebra fraudulenta y aprovechamiento de fondos públicos. De ser hallados culpables, los ex administradores podrían pasar de dos a diez años tras las rejas.
Ante el registro, la compañía que preside Conte aseguró anoche que se produjo al no poder responder a tiempo a un requerimiento de información, según fuentes de Iberia consultadas por Europa Press, que precisaron que el gerente de la aerolínea estaba ausente por estar de viaje.