CARACAS, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -
La justicia venezolana ha imputado al líder de Voluntad Popular Antonio Rivero por los delitos de instigación al odio y asociación para delinquir. En respuesta, el ex general se ha declarado en huelga de hambre para defender su inocencia.
El juez 41º de Control Pablo Fernández ha imputado al líder opositor por los delitos de instigación al odio y asociación para delinquir por su presunta participación en la ola de violencia que se desató tras las elecciones presidenciales del pasado 14 de abril, que se saldó con diez muertos y al menos 80 heridos.
Además, el juez instructor ha ratificado la orden de prisión preventiva. El líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, denunció el pasado sábado que Rivero fue detenido de forma "ilegal e injustificada" en una reunión informal con el ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres.
"Hago del conocimiento, ante mi absoluta consideración de inocencia por los delitos que se me imputan y mi privación del más sagrado derecho, mi libertad, que me declaro en huelga de hambre", ha dicho el ex general, en una carta leída por su hermano, José Vicente, a los medios de comunicación.
El abogado de Rivero, Guillermo Heredia, ha anunciado que en las próximas horas recurrirán la imputación y que, entretanto, el ex general permanecerá detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), "por petición propia".
Por su parte, López, que se encontraba en el Palacio de Justicia, ha señalado que Rivero "es el primer preso político del Gobierno de Nicolás Maduro" porque, en su opinión, ha sido detenido e imputado por haber denunciado, cuando estaba en activo, la presencia de funcionarios cubanos en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
"Como no consiguieron ninguna manera de vincular a Antonio Rivero con un delito, lo acusaron de asociación para delinquir solo por el hecho de pertenecer a un partido político, por ser miembro electo de Voluntad Popular", ha sostenido.
Además, ha advertido de que "este es el primer paso para la ilegalización de los partidos políticos". "Nosotros no lo dudamos porque no hay otra forma de entender lo expresado por este juez", ha añadido, en declaraciones recogidas por la cadena privada Globovisión.
En la misma línea se ha expresado el coordinador político de Voluntad Popular, Carlos Vecchio, que ha advertido de que no se trata de un hecho aislado, sino que existe un terrorismo de Estado que busca acallar a quienes piensan distinto.
Ayer, el secretario general de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) --coalición opositora a la que pertenece Voluntad Popular--, Ramón Guillermo Aveledo, ya denunció una "persecución política". "En Venezuela se ha convertido en un grave delito pensar diferente", dijo en un comunicado.