CARACAS, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Exteriores de Venezuela, Elías Jaua, ha asegurado este martes que la salida del país del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) no afectará a la protección de los Derechos Humanos de los venezolanos.
"La mayor garantía para los Derechos Humanos del pueblo venezolano son la Constitución y el Estado de Derecho y Justicia que estamos construyendo", ha sostenido en su comparecencia de este martes desde la sede del Ministerio de Exteriores, según la agencia de noticias AVN.
Jaua ha explicado que es así porque, "lamentablemente, el pueblo venezolano nunca contó con protección internacional en materia de Derechos Humanos", dado que se han cometido "violaciones impensables" en el pasado, y los organismos internacionales nunca han actuado.
El canciller venezolano ha asegurado que "el Gobierno va a seguir trabajando por que el pueblo venezolano --el pueblo de a pie, no los sectores poderosos, no los corruptos-- tenga un sistema de protección internacional al cual acudir y ser tratado con celeridad y prontitud".
A este respecto ha recordado que Venezuela es miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y que ha ratificado los protocolos sobre Derechos Humanos del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR).
Además, ha aclarado que la salida de Venezuela del SIDH no tiene ninguna consecuencia sobre su pertenencia a la Organización de Estados Americanos (OEA), a pesar de que el SIDH depende de la OEA. "Solo nos hemos salido de uno de sus subsistemas", ha subrayado.
FALLOS PARCIALES
Jaua también ha insistido en que Venezuela ha decidido abandonar el SIDH "porque ha fallado de manera parcializada a favor de corruptos y terroristas, no para que los ciudadanos no puedan ir allí a defender sus Derechos Humanos".
El jefe de la diplomacia venezolana ha argumentado que el SIDH "se ha extralimitado al admitir casos sin que se hayan agotado los procedimientos internos establecidos en la Convención Americana", mientras que ha desestimado otros evidentes.
Así, ha denunciado "la constante arremetida en contra del pueblo y del Gobierno de Venezuela por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), que han pretendido desconocer la soberanía de Venezuela".
LA SALIDA DEL SIDH
Hace un año, el entonces presidente venezolano, Hugo Chávez, ordenó a su entonces ministro de Exteriores, Nicolás Maduro, comunicar formalmente a la OEA su decisión de abandonar el SIDH, después de debatirlo durante cinco meses en el Consejo de Estado.
El líder latinoamericano consideró que "no vale la pena" seguir perteneciendo a "una mafia" y, en concreto, denunció que la CIDH "es un cuerpo politizado utilizado por el imperio (Estados Unidos) para agredir a gobiernos como el venezolano".
Chávez basó su argumentación en la decisión de la CIDH de "amparar" a un "terrorista", en alusión al caso de Raúl Díaz Peña, acusado de atentar contra el Consulado de Colombia y la Oficina de Comercio de España en Caracas el 25 de febrero de 2003.
También recordó que la CoIDH ordenó al Estado venezolano pagar a Díaz Peña, prófugo de la justicia desde el año 2010, una indemnización de 15.000 dólares (12.350 euros). "Es la corrupción más horripilante que uno pueda conseguir en un organismo internacional, chantajear y presionar gobiernos", denunció.
LLAMAMIENTO INTERNACIONAL
En respuesta, la CIDH emitió un comunicado en el que advirtió de que la decisión de Venezuela de denunciar la Convención Americana suponía "un paso atrás en la consecución del objetivo prioritario de la universalización del SIDH".
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, lamentó la decisión de Venezuela, ya que "este instrumento jurídico es uno de los pilares de la defensa de los Derechos Humanos en el continente", al tiempo que manifestó su "esperanza" de que Caracas la reconsiderara.
La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, hizo la misma petición a Venezuela, ya que temía que con esta decisión "se redujera una capa vital para la protección de los venezolanos y potencialmente de otros latinoamericanos".
LA CONVENCIÓN AMERICANA
La Convención Americana sobre Derechos Humanos entró en vigor en 1978 y actualmente los 35 países que forman la OEA han ratificado el tratado internacional. Su nacimiento es el resultado del compromiso asumido por los socios americanos de "supervisar el respeto y la garantía de los Derechos Humanos de todas las personas de la región".
Al crear la OEA, en 1948, los países miembros expresaron como un objetivo prioritario "consolidar en el continente, dentro del marco de las instituciones democráticas, un régimen de libertad individual y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre".