CARACAS, 23 Oct. (Reuters/EP) -
Un misionero jesuita español de 81 años de edad, José María Korta, inició el pasado lunes una huelga de hambre en Venezuela para defender las reivindicaciones territoriales y de justicia para la etnia Yukpa y exigir a las autoridades el reconocimiento de la soberanía indígena.
Korta, ya de por sí muy delgado antes de iniciar su protesta, pide la demarcación de 280.000 hectáreas para la etnia y la excarcelación de tres indígenas, acusados de delitos como violación y homicidio, para que sean juzgados por sus propias leyes ancestrales.
"En este momento la mayoría de las tierras, el uso de las tierras indígenas, está en manos de invasores. Muchos indígenas se están muriendo de hambre (...) un indio sin tierra es indio muerto y los derechos a ser juzgados (internamente)", explicó Korta sobre su protesta.
Las tierras de los yukpa en la Sierra de Perijá --en el occidental estado de Zulia, fronterizo con Colombia-- son ricas en carbón, uranio y el superconductor coltán, por lo que se cree que hay intereses económicos presionando en contra de la asignación de estos terrenos a los indígenas.
El conflicto territorial comenzó hace años, pero el encarcelamiento en 2009 de dos caciques y un indio provocó la protesta de Korta, quien respalda la política indígena que enuncia el Gobierno, aunque critica que no se ha aplicado.
El presidente Hugo Chávez se autoproclama defensor de pobres y marginados contra una oligarquía opresora y asegura que su "revolución socialista" es la única que se ha ocupado de los derechos de los pueblos originarios.
Sin embargo, el cacique Sabino Romero Izarra fue, según sus defensores, criminalizado por defender los derechos de la etnia, y que su juicio por homicidio, violación y robo de ganado está viciado con pruebas falsas, por lo que reclaman que sea juzgado en su comunidad y por sus leyes.
También quieren juzgar al cacique Olegario Romero y a Alexander Fernández. Los tres están detenidos en la Cárcel Nacional de Trujillo por choques internos de los yukpas.
POR UNA JUSTICA AUTOCTONA
Los manifestantes resaltan que la Constitución, redactada por una Asamblea de mayoría chavista, establece que los llamados pueblos originarios pueden regirse por sus propias leyes, lo que justificaría el cambio de jurisdicción. Sin embargo, voces contrarias afirman que los yukpas no poseen legislación, por lo que este precepto no debe aplicar.
La protesta ha acaparado la atención pública esta semana, meses después de la muerte del agricultor Franklin Brito, quien hizo durante años huelgas de hambre intermitentes pidiendo que se reconocieran sus derechos sobre una finca en el suroeste del país hasta que murió en ayuno con un peso de unos 35 kilos en un hospital militar donde entró en contra de su voluntad.
Ahora, Korta ha dejado la Sierra de Perijá para iniciar el lunes su huelga al pie del edificio administrativo de la Asamblea Nacional, en el centro de Caracas. El martes se acomodó a su derecha un huelguista indígena para respaldarlo y desde el miércoles permanece en ayuno a su izquierda un médico nacido en China y criado en Venezuela.
Dos decenas de indígenas yukpas los acompañan, comiendo y durmiendo en colchonetas en el suelo, al igual que la ONG Sociedad Homo y natura (www.elpueblosoberano.net).
Desde ministros hasta el vicepresidente y ex ministro de Agricultura y Tierras, Elías Jaua, se han reunido con los huelguistas, pero no se ve una solución a corto plazo.
"Es difícil ser optimista en esto porque son muchos años en que la dirección de todo el trabajo con los pueblo indígenas de la revolución bolivariana no ha sido la dirección correcta. Aunque la propuesta política es muy bella, en la praxis no ha funcionado", dijo con voz queda Korta, un vasco que lleva 40 años trabajando con los indígenas venezolanos.
El panorama luce complicado mientras otros grupos se suman buscando atención. "Estamos en una lucha de resistencia. Nos dicen que nos van a imputar y a meter presos porque reclamamos nuestras tierras", declaró a Reuters Óscar López, de 24 años y de la etnia Hiwi, quien dice enfrentarse a un terrateniente que quiere quitarles 10 hectáreas a 16 familias en el estado de Amazonas, en el sur del país.