CARACAS, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, el opositor Henry Ramos Allup, ha calificado de "cloaca" al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por ratificar el nombramiento 'in extremis' de sus 34 magistrados para asegurar el control del Gobierno.
El TSJ ha declarado nula la decisión aprobada la semana pasada por la Asamblea Nacional de anular la designación de los 13 magistrados titulares y los 21 suplentes del máximo organismo judicial de la nación caribeña.
El Parlamento --dominado ahora por la MUD-- anuló el nombramiento de los magistrados al considerar que estuvo "viciado" porque se hizo justo antes de que la oposición tomara el control de la sede legislativa tras su victoria electoral.
El TSJ ya aclaró en marzo que cualquier acto impulsado desde la Asamblea Nacional para revisar esta designación excede las facultades parlamentarias previstas en la Constitución. "No está legitimada para (...) dejar sin efecto este proceso interinstitucional", esgrimió.
Ramos Allup ha rechazado la última resolución del alto tribunal, argumentando que no es válida porque, antes de tomar una decisión, debía haber llamado a "la parte afectada, es decir, a la Asamblea Nacional, y a terceros interesados en el caso".
"Esta decisión fraudulenta será denunciada ante entidades internacionales, ha anunciado Ramos Allup, según ha informado la Mesa de Unidad Democrática (MUD) --coalición opositora venezolana-- a través de un comunicado.
El jefe del Congreso ha cuestionado además que el TSJ haya despachado este asunto "en 48 horas" cuando "han pasado seis meses desde que los diputados (opositores) de Amazonas fueron suspendidos" sin que se haya pronunciado. "Y eso que es una medida cautelar", ha enfatizado.
La designación de los magistrados del TSJ es especialmente importante en el actual contexto político venezolano, con una Asamblea Nacional en manos de la MUD --después de 16 años de hegemonía 'chavista'-- y Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores.
El TSJ es el responsable de dirimir los conflictos que se planteen entre Parlamento y Gobierno por la aprobación de leyes, decidiendo en qué casos prevalecerá el veto presidencial y en cuáles la decisión del Poder Legislativo.