MADRID, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -
Las ONG Human Rights Watch (HRW) y PROVEA han denunciado en un comunicado los supuestos "abusos" cometidos por las fuerzas venezolanas en el marco de la ofensiva lanzada contra las bandas criminales, que incluyen casos de ejecuciones extrajudiciales y deportaciones ilegales de colombianos.
HRW y PROVEA han publicado este lunes el informe 'Poder sin límites: redadas policiales y militares en comunidades populares y de inmigrantes en Venezuela', en el que recogen las "denuncias generalizadas de abusos" cometidos por policías y militares en el marco de la 'Operación de Liberación y Protección del Pueblo' (OLP), puesta en marcha en julio.
"En múltiples redadas a lo largo del país, las propias fuerzas de seguridad habrían cometido abusos violentos --incluyendo asesinatos-- nada menos que contra las mismas comunidades que necesitan su protección", ha dicho el director de HRW para las Américas, José Miguel Vivanco.
Según datos de la Fiscalía General, 245 personas murieron en la OLP en 2015 y "decenas más han sido asesinadas en 2016", de acuerdo con los medios de comunicación. El Gobierno ha asegurado que estas muertes son consecuencia de "enfrentamientos con delincuentes armados". Sin embargo, las ONG han documentado al menos 20 casos en los que no fue así.
Ángel Joel Torrealba, de 16 años de edad, falleció el pasado 17 de agosto a manos de agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) "mientras estaba acostado en su propia cama, según contó su madre". "Los agentes efectuaron después algunos disparos adicionales dentro de la vivienda y afirmaron que el joven había muerto en un enfrentamiento armado", han señalado.
Aunque el Gobierno no ha divulgado cifras oficiales sobre la cantidad de miembros de las fuerzas de seguridad que murieron o resultaron heridos durante las redadas de la OLP, HRW y PROVEA han logrado documentar tres uniformados fallecidos y 14 heridos.
"La enorme disparidad en la cantidad de víctimas fatales resta credibilidad a la afirmación del Gobierno de que las muertes se produjeron en situaciones en las que los delincuentes enfrentaron de manera violenta a la Policía", han sostenido.
"Más de 1.700 ciudadanos colombianos fueron deportados, conforme informó la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas", han añadido. Cientos de los colombianos deportados "habían pedido asilo o eran personas a quienes Venezuela había reconocido la condición de refugiados".
Además, las fuerzas venezolanas "habrían realizado detenciones masivas e indiscriminadas". Habrían arrestado temporalmente a más de 14.000 personas durante operativos realizados entre julio y enero con la intención de "verificar" si tenían cuentas pendientes con la Justicia, pero menos de un centenar fueron finalmente acusadas de algún delito.
Asimismo, "en algunos casos los agentes de seguridad propinaron golpizas o cometieron otros abusos contra los detenidos". "Algunos agentes habrían robado dinero, portátiles, móviles y artículos de primera necesidad mientras realizaban allanamientos de viviendas o detenían a sus residentes", han agregado.
En algunas redadas, los uniformados "desalojaron arbitrariamente a miles de personas y destruyeron cientos de casas". "Varios residentes indicaron que no recibieron ninguna notificación previa ni tuvieron oportunidad de oponerse a la decisión del Gobierno de desalojarlos", han denunciado.
VIOLENCIA DESMEDIDA
"Las redadas en el marco de la OLP dejaron en evidencia hasta qué punto los venezolanos de todos los signos políticos, incluidas personas en comunidades donde el Gobierno ha gozado de amplio apoyo, se encuentran indefensos ante abusos gubernamentales", ha dicho Rafel Uzcátegui, director de PROVEA.
Para Uzcátegui estos hechos se enmarcan en el 'modus operandi' del Gobierno que "durante más de una década ha ejercido sobre sus críticos y opositores un poder prácticamente sin límites, y ha realizado acciones como encarcelar a políticos, crear listas negras de sindicalistas, censurar y clausurar medios de comunicación, perseguir a defensores de Derechos Humanos y reprimir manifestaciones pacíficas".
El "denominador común de todos estos casos ha sido el grado en que las víctimas o sus familiares han sentido que no tienen dónde acudir para obtener resarcimiento o para que se protejan sus derechos fundamentales". "Los venezolanos enfrentan uno de los índices de homicidios más altos del hemisferio y necesitan ser protegidos eficazmente", ha reclamado Vivanco.
HRW y PROVEA han exigido al Gobierno de Nicolás Maduro que garantice que "todos los operativos de seguridad se lleven a cabo respetando sus obligaciones jurídicas internacionales de Derechos Humanos, incluido el requisito de abstenerse del uso ilegítimo de la fuerza durante operativos de seguridad pública".
"Para abordar seriamente los abusos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad, es crucial que el Gobierno lleve ante la justicia a los agentes responsables de violaciones de Derechos Humanos", han indicado. "Y para que ello sea realista las autoridades venezolanas deberían adoptar medidas urgentes para restablecer la independencia judicial", han apuntado.