CARACAS, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Mesa de Unidad Democrática (MUD) ha denunciado que grupos armados supuestamente vinculados al Gobierno han impedido la entrada de diputados opositores en la Asamblea Nacional para boicotear la sesión de este jueves, que analizará la declaración de responsabilidad política del presidente venezolano, Nicolás Maduro, por "abandono del cargo".
"Colectivos armados de Maduro intentan impedir quórum para la sesión de la Asamblea Nacional. Hay diputados retenidos a las afueras del Palacio Legislativo", ha dicho el presidente de la Comisión de Política Exterior, el opositor Luis Florido.
El diario venezolano 'El Nacional' ha informado incluso sobre una agresión directa a la diputada de la MUD Delsa Solórzano. "Estoy bien. Gracias a quienes de preocuparon. Estoy ya en Palacio Legislativo", ha escrito después la líder opositora en Twitter.
El secretario ejecutivo de la MUD, Jesús 'Chúo' Torrealba, ha confirmado que el acceso al Parlamento ha sido "trancado". "Cordón de la Policía Nacional Bolivariana y de la Guardia Nacional Bolivariana", ha denunciado en la misma red social.
Ya dentro del Congreso, la MUD ha asegurado que el 'chavismo' ha seguido con su boicot cortando el suministro eléctrico en el hemiciclo y en el edificio administrativo, de acuerdo con el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup.
Finalmente el boicot se ha producido porque el grupo parlamentario 'chavista' ha abandonado el hemiciclo. El diputado oficialista Francisco Torrealba ha esgrimido que no tenía sentido seguir allí porque no había quórum. "Nos vamos a Miraflores a defender a nuestro hermano, Nicolás Maduro", ha dicho.
RESPONSABILIDAD POLÍTICA
Los diputados examinan este jueves la responsabilidad política de Maduro en la crisis económica que sufre el país a causa, principalmente, de la caída del precio del petróleo en el mercado internacional y que ha dejado sin bienes de primera necesidad a los venezolanos.
Si el Congreso declarara la responsabilidad política de Maduro, podría empujarlo a un juicio. Aunque parte de la coalición opositora ha hablado de 'impeachment', en Venezuela no existe esta figura jurídica, por lo que se trataría de un proceso judicial ordinario.
"Esta es la mayor sanción que puede aplicar el Poder Legislativo y puede dar lugar a la responsabilidad penal y administrativa del mandatario y desembocar en nuevas elecciones presidenciales", explica el Parlamento en su página web.
No obstante, la decisión de la Asamblea Nacional podría ser anulada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), dado que el pasado mes de agosto determinó que todas las decisiones parlamentarias serán nulas hasta que no se expulse a tres diputados acusados de comprar votos.
CRISIS VENEZOLANA
La crisis política en Venezuela estalló tras las elecciones del pasado 6 de diciembre, que dieron lugar a una cohabitación inédita en la nación caribeña, con la oposición en la Asamblea Nacional y el 'chavismo' en el Palacio de Miraflores.
La coalición opositora puso en marcha varias leyes desde el Parlamento --que controla por primera vez en 16 años--, pero fueron vetadas por Maduro, incluida la Ley de Amnistía con la que pretendía liberar al líder opositor Leopoldo López.
Por ello, la MUD elaboró una 'hoja de ruta' con el objetivo de desahuciar a Maduro de Miraflores. El principal punto de este plan es la celebración de un referéndum para revocar su mandato presidencial antes de que expire oficialmente, en 2019.
Tribunales venezolanos han anulado la recogida de firmas de la primera fase para activar la consulta popular y, en consecuencia, el CNE ha suspendido la segunda etapa, prevista para esta semana, lo que ha desatado la ira de la oposición.
La MUD pretende celebrar elecciones anticipadas, pero para ello necesita que el referéndum revocatorio se convoque antes del 10 de enero de 2017. De lo contrario, aunque los venezolanos cesen a Maduro, su vicepresidente, Aristóbulo Istúriz, seguirá gobernando.
A pesar de esta escalada de tensión, la Iglesia Católica anunció el lunes que Gobierno y oposición habían llegado a un acuerdo para iniciar un diálogo político que en un principio estaba previsto para el 30 de octubre en Isla Margarita, aunque ha tenido que aplazarse 'sine die'.