SANTO DOMINGO, 22 Nov. (Reuters/EP) -
Los gobiernos de Haití y República Dominicana han iniciado conversaciones bilaterales para resolver el conflicto surgido a raíz de un fallo del Tribunal Constitucional dominicano que impone limitaciones a los hijos de inmigrantes, en su mayoría haitianos.
Así lo han anunciado los dos países caribeños en un comunicado conjunto en el que, además, han adelantado que las autoridades dominicanas adoptarán medidas en materia migratoria tras estas conversaciones bilaterales.
"El diálogo es la forma adecuada de resolver cualquier situación relativa a la gente de origen haitiano nacida en República Dominicana y afectada por esta decisión judicial", ha dicho, por su parte, el Gobierno de Danilo Medina.
Asimismo, ha expresado su "voluntad de seguir adelante con todas las medidas para garantizar el pleno ejercicio y respeto a los derechos de la gente de origen haitiano nacida en República Dominicana.
Ayer, el ministro de Interior dominicano, José Ramón Fadul, reveló que una misión del Gobierno dominicano y otra del haitiano se reunieron el pasado martes en Caracas para superar sus diferencias en torno a este tema.
"Porque Venezuela se ha interesado y está muy preocupada por el tema, mostrándose facilitadora para una solución", dijo en declaraciones exclusivas a la agencia de noticias británica Reuters.
El pasado 23 de septiembre el Tribunal Constitucional de República Dominicana denegó la nacionalidad a los descendientes de inmigrantes nacidos después de 1929, por lo que ahora serían "ilegales" o estarían "en tránsito".
La gran mayoría de los afectados son hijos de haitianos que emigraron al país vecino en busca de unas mejores condiciones de vida. Santo Domingo se ha quejado reiteradamente del flujo migratorio procedente de Puerto Príncipe.
República Dominicana está poblado por 10 millones de personas, 458.000 de las cuales son de origen haitiano. De éstas, solamente 240.000 han nacido en territorio dominicano.
El Gobierno de Medina se enfrenta a una gran presión internacional por esta cuestión. Un grupo de 25 organizaciones humanitarias ha enviado una carta al secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, para que impida la aplicación del fallo.