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MADRID, 16 May. (Notimérica/EP) -
El presidente de República Dominicana, Danilo Medina, envió este jueves al Congreso Nacional un proyecto de ley por el cual los dominicanos descendientes de padres extranjeros 'sin papeles', y que fueron inscritos de forma irregular en el registro civil, podrán optar de nuevo a la nacionalidad, y solucionar el problema que se produjo cuando en 2013 una sentencia del Tribunal Constitucional retiró la ciudadanía a miles de personas, entre ellas unas 250.000 de origen haitiano.
"Es una iniciativa que se sustenta en el ejercicio soberano de los órganos democráticos de nuestro Estado, en el interés nacional y en completa observancia de las sentencias de nuestro Tribunal Constitucional y del ordenamiento jurídico dominicano", ha expresado Medina.
El presidente dominicano ha explicado que la iniciativa del Gobierno respeta la sentencia del Tribunal que establece los principios para la obtención de la nacionalidad dominicana, al mismo tiempo que garantiza, no solo los Derechos Humanos y los acuerdos internacionales en esta materia, sino además los principios fundamentales de los ciudadanos dominicanos nacidos y criados en la isla.
El proyecto de ley "establece un régimen especial para las personas nacidas en territorio dominicano y que fueron inscritas de forma irregular en el registro civil" entre 1929 y 2007. El número de ciudadanos a día de hoy se desconoce con exactitud, según han reconocido las propias autoridades, pero no podrán aumentarse en el futuro.
Además, la iniciativa legislativa reconoce con carácter retroactivo todos los actos de la vida civil de las personas inscritas en el registro civil hasta 2007, con el fin de que "estos hombres y mujeres que vivieron toda su vida con una identidad jurídica dominicana" y que en muchos casos obtuvieron su cédula de identidad, sus certificados de estudios, e incluso votaron con esa documentación, les sea reconocida legalmente y puedan continuar su vida con normalidad.
En el caso de los hijos de ciudadanos de otros países que llegaron a la isla de manera irregular y no les inscribieron en el registro civil, a partir de la aprobación de la iniciativa, deberán en una primer momento acogerse al plan de regularización de extranjeros habitual y posteriormente, si así lo desean, ya podrán optar a la nacionalidad a través de la legislación vigente, según ha detallado el diario dominicano 'Listín Diario'.
El proyecto de ley también contempla la posibilidad de sancionar, con penas de dos a cinco años de prisión, a todos aquellos que cometan irregularidades y falsedades en el proceso de solicitud de registro de extranjeros.
EL PROYECTO CUENTA CON APOYOS EN AMPLIOS SECTORES
La iniciativa gubernamental ha contado con el respaldo de amplios sectores de la política y la sociedad civil y eclesiástica dominicana. No solo el oficialista partido de la Liberación Dominicana (PLD) ha dado su beneplácito al proyecto, sino también el Revolucionario Dominicano (PRD), el Reformista Social Cristiano (PRSC) y la Fuerza Nacional Progresista (FNP).
"Me parece magnífico, es un gran proyecto que para anda entra en contradicción con la sentencia. Respeta exactamente la decisión y busca una salida muy sabia, salomónica a la controversia que existía", ha alabado el expresidente dominicano Leonel Fernández (2004-2012).
El resto de fuerzas políticas dominicanas han anunciado que ya han dado órdenes a sus diputados para que voten a favor de la propuesta de ley, pues no solo pone fin a un problema humano, sino también constitucional. En ese sentido han ido sus argumentos, explicando que esta iniciativa consigue aunar ambas materias.
"Precisamente uno de los problemas detectados por el Constitucional era que el Estado había entregado documentación a hijos de extranjeros en situación irregular, con lo que se había creado una presunción de nacionalidad que es lo que precisamente la legislación viene a reconocer de modo retroactivo, ordenando a la Junta Central Electoral su acreditación", ha explicado el presidente del PRD, Miguel Vargas.
Por su parte, la Iglesia dominicana y la patronal han sido otros sectores en los que la propuesta ha sido vista con buenos ojos. Si bien para los empresarios, la nueva ley vendría para solucionar un problema que hasta ahora había estado entorpeciendo el arreglo "de otros importantes temas de interés nacional", las agrupaciones religiosas han incidido en el paso que ha supuesto esta iniciativa "para resolver la situación de las personas que fueron despojadas de sus derechos".
POLÉMICA SENTENCIA
El conflicto se desató el pasado 23 de septiembre, cuando el Tribunal Constitucional de República Dominicana denegó la nacionalidad a los descendientes de inmigrantes nacidos después de 1929, por lo que ahora serían "ilegales" o estarían "en tránsito", siendo la gran mayoría de origen haitiano.
República Dominicana está poblada por 10 millones de personas, 458.000 de las cuales son de origen haitiano, de las cuales solo 240.000 nacieron en el país. El Gobierno de la isla se enfrentaba a una gran presión internacional por esta cuestión. Un grupo de 25 organizaciones humanitarias llegaron a enviar una carta al secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, para que impidiese la aplicación del fallo.
CRISIS DIPLOMÁTICA
En este contexto, el 19 de noviembre de 2013, República Dominicana y Haití emitieron un comunicado conjunto para anunciar el inicio de las conversaciones bilaterales para solucionar el conflicto migratorio, con Venezuela como mediador.
"El diálogo es la forma adecuada de resolver cualquier situación relativa a la gente de origen haitiano nacida en República Dominicana y afectada por esta decisión judicial", dijo el Gobierno de Medina.
La voluntad de diálogo apenas duró una semana porque el pasado 29 de noviembre República Dominicana acusó a Haití de romper el esta Declaración Conjunta y, en consecuencia, llamó a consultas a su embajador en Puerto Príncipe, Rubén Silié.
El viceministro dominicano de Relaciones Exteriores, José Manuel Trullols, explicó que "República Dominicana ha tomado esta determinación en vista del desconocimiento por parte de Haití de la Declaración Conjunta mediante la cual se comprometió a "priorizar el diálogo".
"En la reunión de la Comunidad del Caribe (CARICOM), celebrada el pasado martes en Trinidad y Tobago, las autoridades haitianas evidenciaron una franca violación de la Declaración Conjunta", dijo, en alusión a la cumbre en la que se decidió suspender el proceso de adhesión de República Dominicana en la organización regional.
REFORMA MIGRATORIA
En este contexto, Medina emitió el decreto 327-13, por el que establece un Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en Situación Migratoria Irregular, y en el que se invita a los inmigrantes a acogerse al acuerdo en un plazo de 18 meses, a partir de la puesta en marcha del mismo.
Entre los criterios que se exigen para demostrar un vínculo con la sociedad dominicana, se tendrá en cuenta el hecho de tener hijos nacidos en el país, de haber cursado estudios en territorio dominicano, de saber hablar y escribir español, de residir en un domicilio fijo, de convivir con un dominicano y de carecer de antecedentes penales.
Asimismo, el decreto establece la necesidad de que el extranjero demuestre vínculos de tipo laboral o socioeconómico con el país. En este sentido, se valorará poseer propiedades muebles o inmuebles, cuentas bancarias, tener un empleo regular durante el tiempo de su permanencia y ejercer un oficio técnico certificado.