Actualizado 05/03/2007 15:07

Argentina.- Las constructoras argentinas destinan menos del 1% de su inversión a prevenir los accidentes laborales

Según los expertos, el porcentaje destinado a la seguridad es "bajo" comparado con otros países europeos y con Estados Unidos


BUENOS AIRES, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La mayoría de las constructoras argentinas destinan aproximadamente entre el 0,5 y el 1% de su inversión en proyectos inmobiliarios a medidas de seguridad para prevenir los accidentes laborales de los trabajadores. Este porcentaje puede aumentar hasta tres puntos más si se trata de obras de mayor magnitud.

El director de la consultora Coniseth, especializada en salud y seguridad en el trabajo, Rubén Gueler, señaló en una entrevista --recogida por el portal argentino de noticias 'Infobae'-- que cada vez más, las empresas constructoras son "más conscientes de destinar dinero en este área ya que saben que, si no cumplen con los requisitos mínimos de seguridad, pueden enfrentarse a juicios millonarios que atentarían contra su supervivencia".

Según datos recientes, el negocio inmobiliario movió en Argentina en el último año cerca de 4.000 millones de dólares --más de 3.000 millones de euros-- y, de estas cifras, casi 40 millones de dólares --cerca de 30,5 millones de euros-- se destinan al área de seguridad laboral.

En este sentido, el director de la constructora Copelle, Adrián Kaplansky, que se encuentra rehabilitando antiguas fábricas en edificios de lujo del barrio bonaerense de Barracas, señaló que "en el proyecto destinamos 15 millones de dólares --casi 11,5 millones de euros-- de los que el 3,2% es para seguridad e higiene, así como para los sistemas de protección de obra".

Sin embargo, según algunos expertos, se debería invertir no menos de un 1,5% en seguridad e higiene ya que en el sector existe mucha disparidad, sobre todo por la calidad de los productos en ejecución. "Es muy difícil fijar un promedio porque el negocio es muy variado", afirmó el vicepresidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Diego Buraco.

Para Gueler, el porcentaje destinado por las compañías al área de seguridad en Argentina es "todavía bajo" comparado con las inversiones de otras compañías en el resto del mundo. "Los norteamericanos destinan, en promedio, entre 2 y 2,5% a la protección de sus empleados, mientras que en los países europeos ronda el 2%", señaló.

Según la legislación argentina, las empresas tienen que adoptar medidas de seguridad mínimas como dotar al personal de los elementos de protección necesarios así como suministrar la ropa de trabajo. Existe además una serie de documentación que tienen que presentar ante la ART --entidad argentina perteneciente al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social dedicada a garantizar la protección del trabajador-- para paliar eventuales problemas derivados por accidentes o enfermedades profesionales que puedan ocasionarse durante la obra.

GASTOS EN MATERIALES Y ROPA DE TRABAJO

Entre los gastos que las empresas deben afrontar, destaca la compra de ropa adecuada de trabajo así como de los elementos de protección para los empleados --zapatos, guantes, caso y gafas protectoras--. Por otra parte, los trabajos especiales requieren "arneses de seguridad, máscara completa, guantes químicos y mascarilla para el polvo", señaló Gueler.

Por último, son importantes también los costes que se derivan de la compra de los elementos de seguridad para la obra. Entre los productos más usados se encuentran las vallas, las cintas de seguridad, los conos, las redes y las sogas.

"El mercado está cumpliendo cada vez más y con mayor rigor estas medidas. Se espera que los costos se encarezcan más a largo plazo y que las empresas puedan hacer frente a esta inversión", indicó Gueler.

Por lo tanto, si bien estas normas de seguridad ayudan a evitar juicios posteriores por accidentes de trabajo, requieren de un gran esfuerzo por parte de las constructoras, ya que aumentan los gastos de la obra ejecutada.

A partir de ahora, las constructoras que desarrollen nuevos proyectos, sobre todo en los barrios con mayores riesgos de colapso de sus servicios públicos, deberán afrontar estudios ambientales, lo que podría suponer entre un 1 y un 3% de gasto añadido a la inversión total.