MADRID, 30 May. (EUROPA PRESS) -
El ex represor argentino Ricardo Miguel Cavallo, quien se enfrenta a una petición de pena de entre 13.332 y 17.010 años de cárcel (según el Código Penal que se le aplique) por los crímenes que presuntamente cometió durante la dictadura argentina, presentó hoy en la Audiencia Nacional un escrito en el que pide que la fiscal adscrita al caso, Dolores Delgado, se abstenga de este sumario, ya que pertenece a la Unión Progresista de Fiscales (UPF), que fue la asociación que denunció los delitos cometidos en el país sudamericano entre 1976 y 1983.
El escrito de abstención, al que ha tenido acceso Europa Press, se basa en que la Unión Progresista de Fiscales fue la asociación que denunció ante el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón el genocidio o los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar argentina, por los que se condenó al ex militar Adolfo Scilingo a 640 años de cárcel.
Por ello, la defensa de Cavallo entiende que los miembros de la UPF, como la fiscal adscrita al caso y el propio fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, pueden tener interés directo en la causa y deben abstenerse de conocerla. En este sentido, el escrito precisa que "los superiores jerárquicos que pudieren resolver este incidente y estuvieren incursos en la misma causa adolecerían de la obligada imparcialidad objetiva y subjetiva, que le impediría dirigir instrucción alguna relacionada con este procedimiento o mantener tesis acusatoria alguna".
Tras reproducir párrafos de varias sentencias, entre ellas, la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el caso de Castillo Algar, Cavallo afirma que el Ministerio Fiscal debe regirse también por los criterios de imparcialidad que se suponen a jueces y tribunales. En cuanto a "la resolución del incidente previo y de especial pronunciamiento y la declinatoria de jurisdicción" se esté a lo dispuesto en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
PLAN CRIMINAL SISTEMÁTICO.
La fiscal Delgado explica en su escrito de acusación que a lo largo de 1975, los responsables militares argentinos, las Fuerzas policiales y civiles "tomaron la decisión no sólo de derrocar a la presidenta constitucional, María Estela Martínez de Perón, mediante un golpe de Estado, que se materializó el 24 de marzo de 1976, sino también de diseñar, desarrollar y ejecutar un plan criminal sistemático de desaparición y eliminación física de una considerable parte de la ciudadanía que reputaban incompatible con su proyecto político y social".
Las víctimas eran seleccionadas "en función de su adscripción a determinados sectores y por motivos ideológicos, políticos, étnicos y religiosos". Es decir, se trataba de eliminar a todas las personas que consideraban "contrarias a lo que denominaban 'la moral occidental y cristiana'".
"SÉRPICO".
En 1976, Ricardo Miguel Cavallo, que utilizaba los alias "Sérpico" y "Marcelo", era teniente de Fragata y estaba destinado en la ESMA, donde "se integró plenamente en el desarrollo de ese plan de represión y exterminio", y formó parte de dos grupos de tareas de forma permanente. Primero estuvo en el encargado de "allanamientos, muerte, detención, secuestros y apropiación de bienes de las víctimas, a partir de los datos que proporcionaba el sector de Inteligencia".
A partir de enero de 1979 se integró en el área de Inteligencia y "por tanto participó en las torturas que en forma sistemática se practicaban sobre los detenidos". Además, asumió el cargo de responsable del sector "Pecera", en el que se sometía a trabajos forzados y reducción a servidumbre de los detenidos designados con el objetivo de recupararlos para el "nuevo orden" preconizado por los represores. Es decir, que Cavallo podía decidir quiénes eran liberados y quiénes "trasladados", es decir, asesinados.
Durante su estancia en la ESMA, de la que fue trasladado en marzo de 1980 al Centro Piloto de París, estuvieron detenidas allí en algún momento 5.000 de las 30.000 personas desaparecidas durante la dictadura. Gracias a las investigaciones se han podido contabilizar 255 personas desaparecidas o ejecutadas, mientras Cavallo estuvo en la ESMA. Se han podido individualizar 209 de ellas.
La fiscal afirma que "Cavallo aceptó ese plan (de exterminio de supuestos opositores del régimen) cuando tuvo conocimiento de él, aceptó los objetivos perseguidos con el mismo, formando parte del Grupo de Tareas 3.3.2 de la ESMA, se involucró en tales actividades y participó directamente en la ejecución del plan cuando secuestró, torturó" y decidió qué detenido podía seguir viviendo o debía ser asesinado.