BUENOS AIRES, 5 Sep. (Del corresponsal de EUROPA PRESS Rafael Saralegui) -
El juez federal argentino Norberto Oyarbide declaró hoy la nulidad del indulto al ex dictador Jorge Rafael Videla en la causa que investiga el secuestro de dos empresarios durante la dictadura militar (1976-1983) por lo que ordenó la reapertura del expediente.
Se trata del mismo sumario en el que ayer el magistrado declaró la nulidad de los indultos firmados por el presidente Carlos Menem (1989-1999) y que habían beneficiado a los ex ministros de la dictadura en las carteras de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, y de Interior Albano Harguindeguy.
Videla cumple en la actualidad arresto domiciliario en su vivienda del barrio de Belgrano por los raptos de menores nacidos en centros clandestinos de detención durante la dictadura y por su participación en el Plan Cóndor, el operativo de represión coordinado por los ejércitos de América del Sur durante la década de los setenta.
Los indultos a Videla, Martínez de Hoz y Harguindeguy habían sido dictados por Menem durante su mandato en un supuesto ánimo "pacificador". Esta mañana, el ex mandatario afirmó que es un gran "desacierto" declarar la nulidad de los indultos.
Martínez de Hoz, civil, y Harguindeguy, militar retirado, seguirán en libertad, pero podrían ser encarcelados si al retomar la investigación el juez pone en marcha sus procesamientos, según informaron fuentes de la investigación al diario local 'La Nación'.
PETICIONES DE NULIDAD DE INDULTOS
El fallo de Oyarbide responde a una petición de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, que intervienen como querellantes en la causa y cuenta con dictámenes favorables del fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, y del fiscal Federico Delgado.
La nulidad de los indultos también había sido reclamada por el Gobierno de Néstor Kirchner, que intervino como querellante en la causa a través de la Secretaría de Derechos Humanos. El propio Kirchner había pedido públicamente, en la última conmemoración del golpe de Estado de 1976, que la Justicia fallara contra esas normas.
Martínez de Hoz, Harguindeguy y Videla están acusados de haber ordenado la detención de los empresarios Federico y Miguel Gutheim, de la empresa textil Sadeco, para forzarles a cerrar un negocio de exportación con Hong Kong. La inquietud de las autoridades se había originado en una gira oficial de Martínez de Hoz por Oriente Próximo.