Actualizado 03/04/2006 16:26

Argentina/Uruguay.- Una experta cree que aún es "factible" trasladar las papeleras para alejarlas de los centros urbanos

La abogada ambientalista Romina Picolotti reconoce que en la Unión Europea la instalación de estas plantas "no sería admitida"


BUENOS AIRES, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La abogada ambientalista Romina Picolotti, premiada por una Fundación noruega por su lucha en defensa del Medio Ambiente desde la perspectiva de los Derechos Humanos, sostiene que el traslado de las dos plantas de celulosa de papel que las empresas ENCE (española) y Botnia (finlandesa) tienen previsto ubicar en la localidad uruguaya de Fray Bentos, zona fronteriza con Argentina, "aún es factible" dado que no hay grandes obras terminadas, "tan sólo hay una chimenea, andamiaje, movimientos de suelo y algunas obras civiles", señala.

Picolotti, que defiende que si sigue sin haber acuerdo entre los presidentes de ambos países, Néstor Kirchner y Tabaré Vázquez, que finalmente no se reunieron el pasado miércoles como estaba previsto, Argentina debería presentar el caso ante el Tribunal de La Haya, el único gesto que "podría bastar para que todos los bancos, incluido el Banco Mundial, se abstuvieran de financiar esos proyectos".

La abogada, que hizo estas declaraciones al diario local Página 12 un día después de serle concedido el Premio de la Fundación 'Sophie' en Noruega por "su tarea decisiva al relacionar los problemas de destrucción ambiental con la lucha por los Derechos Humanos básicos", cree que lo fundamental es alejar estas plantas de los núcleos urbanos todo lo posible.

Su trabajo, primero como miembro del International Human Rights Law Group y luego como presidenta de la Fundación Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA), le permitió llevar ante los tribunales internacionales casos como el de la comunidad de Awas Tigni, en Nicaragua, cuyo Gobierno terminó expulsando a las empresas multinacionales que estaban destruyendo los bosques.

En esta ocasión, esta experta considera que la única solución admisible para evitar el impacto de las dos papeleras es "el traslado de las plantas a lugares distantes de centros poblados y la aplicación de normas estrictas de control ambiental que sólo podrían financiarse con apoyo internacional". Según su criterio, en la Unión Europea la instalación de estas plantas "no sería admitida".

Picolotti explicó que "el movimiento ecologista no utiliza el derecho como herramienta, más bien se centra en generar conciencia ciudadana a través de denuncias públicas y presencia en los medios de comunicación". Advertir que las víctimas de problemas ambientales ven vulnerados sus Derechos Humanos "permite plantear estas cuestiones ante tribunales internacionales", afirma.

Hace tres semanas, ante una acción liderada por ella, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó una medida cautelar que obliga al Estado peruano a atender las condiciones de vida de los habitantes de La Oroya, donde la metalúrgica Doe Run es responsable de contaminación con metales pesados. "Hemos solicitado el acondicionamiento o bien el cierre de la compañía", explica.

NO EN FRAY BENTOS

En su opinión, "es inadmisible que las plantas se radiquen en los emplazamientos actuales: por más mejoras en la investigación que se planteen", y puesto que causarían "un impacto terrible en las personas".

Según datos del informe de Héctor Sejenovich, un profesor de Ciencias Sociales y Medio Ambiente en la Universidad de Buenos Aires, (UBA), en las condiciones actuales, esas plantas de celulosa conllevarían un riesgo de al menos una treintena de casos de cáncer por año. La abogada subrayó en este sentido "la vigencia, en derecho ambiental, del principio de prevención: no es imprescindible una certeza del daño sino que basta con una alta probabilidad de riesgo", y este tipo de daños "es muy difícil de probar por anticipado".

El traslado sería factible, insiste porque "no hay grandes obras terminadas, que además, podrían aprovecharse para otro proyecto sostenible". La mudanza de las plantas debería ser "a lugares separados entre sí", y, allí, "establecerse un control ambiental permanente y, de ser posible, bajar su escala de producción", que actualmente es muy elevada y que estos países no están capacitados para monitorear".