Actualizado 18/04/2016 10:32

Aumentan los crímenes hacia líderes que apoyan la paz en Colombia

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REUTERS

BOGOTÁ, 18 Abr. (Notimex/Notimérica) -

   El aumento de los asesinatos de líderes sociales por grupos de extrema derecha asociados al narcotráfico, es una de las grandes preocupaciones en diversos sectores de Colombia, que temen un exterminio después de la firma de los acuerdos de paz con la insurgencia.

   Las denuncias de los asesinatos, las amenazas de muerte a defensores de los Derechos Humanos y de la restitución de tierras para los campesinos que fueron despojados por los paramilitares y terratenientes, aumentan en la medida que avanzan los diálogos de paz con las guerrillas.

   La última denuncia de amenaza de muerte contra la ex senadora Piedad Córdoba, una de las líderes de izquierda más comprometida con los diálogos con la insurgencia, demostró que los paramilitares de extrema derecha tienen un verdadero plan de exterminio.

   La dirigente política recibió la amenaza en su teléfono cuando se encontraba reunida con el propio presidente Juan Manuel Santos, hablando de paz y del postconflicto, junto a otros líderes que le apuestan por una salida política negociada a 52 años de guerra interna.

   Córdoba, quien ha sufrido varios atentados, como el secuestro que sufrió en mayo de 1999 por los paramilitares al mando del desaparecido Carlos Castaño, es consciente que la pueden asesinar antes o después de la firma de los acuerdos de paz, pero a la vez está convencida de los acuerdos entre gobierno e insurgencia.

   Las denuncias que todos los días hacen las organizaciones humanitarias nacionales y extranjeras, los partidos políticos de izquierda, como el Polo Democrático Alternativo (PDA), el partido comunista, y la propia guerrilla de las FARC, son escalofriantes.

   La organización británica Justice for Colombia, denunció recientemente que al menos 534 activistas políticos fueron asesinados en Colombia en los últimos cinco años.

   La cifra corresponde al periodo 2011-2015, un documento que expone "el asesinato de más de 90 activistas cada año, un promedio de dos cada semana durante los últimos cinco años".

   En lo que va del 2016 las autoridades colombianas reportan el asesinato de 12 líderes sociales, pero varias organizaciones no gubernamentales asegura que la cifra sube a 28.

   Para la Fundación Paz y Reconciliación, el 66 por ciento de los asesinatos y amenazas son responsabilidad de grupos paramilitares y un 32 por ciento a grupos desconocidos.

   El senador de izquierda, Iván Cepeda, otro de los amenazados, sostuvo en un foro que el comportamiento del paramilitarismo en Colombia "responde a una maniobra de la extrema derecha para entorpecer e incluso echar por tierra los progresos en los diálogos con la insurgencia".

   Explicó que a "la tradicional vocación contrainsurgente de esos grupos se añade una estrategia anticampesina, ligada al despojo de tierras en beneficio de empresas dedicadas a la extracción de recursos naturales y grandes latifundistas".

   Cepeda, quien es copresidente de la Comisión de Paz del Senado en el Congreso de Colombia, advirtió que hay inquietud y molestia dentro de ciertos sectores en Colombia, por los avances de las conversaciones en La Habana, entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

   La preocupación en Colombia se ahondo con la afirmación esta semana del Fiscal General, Jorge Fernando Perdomo, quien señaló que existió un plan de exterminio de la Unión Patriótica (UP), entre mediados de la década de los años 80 y 90, del siglo pasado.

   La UP fue un movimiento que surgió como parte de los frustrados acuerdos de paz entre las FARC y el gobierno conservador de Belisario Betancourt (1982-1986), y al menos tres mil de sus militantes fueron asesinados por grupos de extrema derecha con apoyo de fuerzas del Estado.

   Con esta radiografía, que es una verdadera amenaza para el postconflicto, es que los negociadores de la guerrilla afirmaron en La Habana, que están dispuestos a la dejación de las armas, pero "no a perder la vida".