LA PAZ, 23 Ago. (AP/EP) -
El Congreso boliviano albergó ayer un violento enfrentamiento con puñetazos y patadas entre decenas de diputados oficialistas y opositores confrontados por el juicio de responsabilidades planteado por el presidente, Evo Morales, contra cuatro de los cinco magistrados del Tribunal Constitucional.
La reyerta se inició cuando legisladores del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) quisieron desalojar a un numeroso grupo de opositores que había tomado la tribuna de la Cámara de Diputados reclamando al presidente del foro, el oficialista Edmundo Novillo, que permitiera la lectura de un informe en favor de los magistrados.
Como resultado, el diputado de la opositora Podemos, Antonio Franco, resultó con un corte sangrante en una de las cejas y algunos de sus correligionarios terminaron con contusiones. Varios de ellos recibieron patadas en el suelo.
Novillo había declarado un intermedio de una hora para analizar la posibilidad de que el informe reclamado por la oposición, preparado por la Comisión de Derechos Humanos que ella controla, fuese leído en el pleno de la Cámara de Diputados. Mientras tanto, los opositores se mantenían en la tribuna, algunos sentados y otros de pie, a la espera de los resultados de la reunión entre el presidente y los miembros de esa comisión.
Los opositores, entre ellos varias mujeres, departían distendidos en la cabecera, cuando decenas de legisladores del MAS reingresaron a la sala e intentaron recuperar la tribuna lanzando golpes e incluso una silla a sus oponentes.
El jefe del bloque de diputados del MAS, Gustavo Torrico, cayó después de enzarzarse a golpes con el legislador de Podemos Fernando Messmer, quien luego fue atacado por varios rivales.
En ese momento ingresaron varios agentes de policía y pudieron separar a algunos legisladores, mientras que algunas diputadas opositoras optaron por ponerse de pie sobre la mesa de la tribuna para lanzar insultos contra los oficialistas.
Finalmente la mayoría de los diputados oficialistas aprobó la acusación de prevaricación planteada por el presidente Evo Morales contra cuatro de los cinco magistrados del Tribunal Constitucional.
Según la legislación vigente, la aprobación implica que los magistrados quedan suspendidos de sus funciones hasta la emisión de la sentencia por parte del Senado, que a diferencia de la Cámara de Diputados es controlado por la oposición, pero ésta insiste en que el procedimiento es ilegal y que el oficialismo no habría respetado el debido proceso y el derecho a la defensa de los acusados.