Actualizado 12/01/2007 18:05

Brasil.-Brasil admite las violaciones a los derechos humanos en la policía y cárceles denunciadas por Human Rights Watch


SAO PAULO (BRASIL), 12 Ene. (EP/AP) -

El Gobierno brasileño admitió hoy que las violaciones a los derechos humanos en las actuaciones por parte de agentes de policía, la situación en las cárceles del país y la impunidad para algunos delitos de abusos denunciadas por la ONG Human Rights Watch son "reales y muy serias".

Así lo indicó un portavoz gubernamental en referencia a los datos que la organización divulgó ayer, jueves, dentro de su informe anual sobre la situación de los derechos humanos, incluyendo un capítulo relativo a Brasil, en el que reveló la continua violencia policial, la impunidad en el castigo de delitos de abusos y las precarias condiciones carcelarias, entre otros problemas.

"Los problemas mencionados en el reporte de Human Rights Watch son reales y muy serios", explicó a AP Rogerio Sottili, subsecretario nacional de Derechos Humanos, quien agregó que el informe "es extremadamente importante y relevante en la comprensión y ayuda para resolver estos problemas".

Sin embargo, la Secretaría Nacional de Derechos Humanos indicó en una nota que los programas oficiales han alcanzado avances importantes, y destacó el compromiso forma de Brasil con Naciones Unidas para denunciar e investigar abusos de derechos humanos.

La Secretaría señaló también que para contener los casos denunciados de torturas, al menos seis de las 27 gobernaciones de los estados del país han comenzado un plan para grabar las sesiones de interrogatorios policiales y visitas sorpresas a centros de detención.

De acuerdo con el informe de Human Rights Watch existen "reportes creíbles de policías y guardias penitenciarios torturando a personas bajo su custodia" como una forma de castigo y hasta para "obtener información".

La Secretaría Nacional recordó que Brasil aprobó en 2004 una enmienda constitucional que considera como crímenes federales los delitos de derechos humanos, pero en opinión de la ONG esta normativa ha tenido "poco impacto real" debido a que hasta ahora no ha habido un sólo caso transferido de los tribunales regionales a los federales, vistos como más objetivos y rápidos.