SANTIAGO, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Conferencia Episcopal de Chile ha pedido este jueves al Gobierno de Sebastián Piñera que tome "medidas legales concretas" para poner fin al conflicto con los 34 presos mapuches, que cumplen 60 días en huelga de hambre en protesta por la aplicación de la llamada Ley Antiterrorista para juzgar sus casos.
"Solicitamos encarecidamente a quienes ejercen las responsabilidades de gobernar, de legislar y de juzgar, que actúen prontamente", exhortó el titular de la Conferencia, monseñor Alejandro Goic.
Los indígenas fueron arrestados en el marco de la Ley Antiterrorista durante diversos hechos violentos en la Región de Araucanía (centro), donde los mapuches mantienen una lucha por el reconocimiento de sus tierras. Todos ellos se consideran presos políticos y se niegan a ser procesados a través de tribunales militares.
Piñera ha presentado esta semana en el Congreso un proyecto de reforma de la justicia militar con el que busca que unas 4.000 causas, entre ellas las de indígenas mapuches, sean derivadas a tribunales civiles, a fin de lograr una salida pacífica a este conflicto.
A este respecto, Goic ha lamentado que estos "esfuerzos" del Gobierno "no hayan dado el fruto esperado", por lo que ha reiterado su petición a Piñera de que "adopte medidas legales concretas para solucionar el conflicto".
"Rogamos también a los miembros de las comunidades mapuches que eviten que algunos de sus integrantes pongan en riesgo sus vidas y continúen su lucha por otros medios legítimos", ha señalado Goic a través de un comunicado.
El clero católico en Chile se ha ofrecido como mediador en este conflicto, aunque reconoció que sería una tarea "muy compleja" porque es imprescindible que ambas partes acepten esta propuesta. "Pero estamos disponibles (...) a hacer todos los contactos para facilitar un encuentro", ha expresado Goic.
La Ley Antiterrorista fue sancionada durante la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990) para perseguir a sus opositores, pero los gobiernos de izquierda de la Concertación no la derogaron y la continuaron aplicando para algunos crímenes, a pesar de que la ONU ha criticado esta normativa porque discrimina a las comunidades indígenas.
El pueblo mapuche representa casi el 10 por ciento de la población chilena y sus principales asentamientos se encuentran en Araucanía, a unos 600 kilómetros al sur de Santiago. Los indígenas denuncian que en esa región tienen tierras que les pertenecen desde antes de la colonización española, las cuales, según ellos, les fueron arrebatadas.