Publicado 19/11/2013 17:16

Cinco años de cárcel por insultar al profeta Mahoma a través de Twitter

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MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal kuwaití ha condenado este lunes a cinco años de cárcel a un hombre por insultar al profeta Mahoma a través de su cuenta oficial en la red social Twitter, según ha informado el diario 'The Kuwait Times'.

Asimismo, ha ordenado la confiscación del móvil que el condenado, identificado como Musaab Shamsah, utilizó para publicar sus comentarios. La decisión del tribunal no es definitiva y cabe apelación frente al Tribunal de Casación.

Las autoridades kuwaitíes han subrayado en reiteradas ocasiones que iniciarán acciones legales contra todos los blogueros y usuarios de redes sociales que "traspasen los valores sociales y tradiciones establecidos".

En mayo, la bloguera Sara al Driss fue condenada a 20 meses de cárcel por criticar al emir, Sabá al Ahmad al Jaber al Sabá, a través de su perfil en Twitter, si bien la sentencia fue suspendida tras el pago de una multa de 200 dinares kuwaitíes (alrededor de 540 euros).

Al Driss fue declarada culpable de "minar el estatus del emir" por publicar cuatro 'tuits' críticos con el emir, si bien fue declarada inocente por la publicación de otros 43 de contenido similar.

En abril, el exparlamentario y líder opositor Musallam al Barrak fue condenado a cinco años de cárcel por "abusar verbalmente" del emir durante un discurso ofrecido el pasado mes de octubre en medio de los enfrentamientos entre el Gobierno y la oposición por un decreto que modificó la ley electoral de 2006 y que redujo el número de candidatos que los votantes podrían elegir, pasando de cuatro a uno.

El nivel de las movilizaciones en el país ha caído desde la celebración de elecciones parlamentarias en diciembre, si bien los grupos defensores de Derechos Humanos no olvidan que al menos 25 personas han sido imputadas por supuestas ofensas al emir, principalmente a través de Internet. Las autoridades ya han dictado condenas contra algunas de estas personas, de hasta cinco años de cárcel

CÁRCEL POR TUITEAR DETALLES DE UN JUICIO

Por otro lado, un tribunal de Emiratos Árabes Unidos (EAU) ha condenado este lunes a dos años de cárcel al activista Waled al Shehhi por "violar la seguridad del Estado" a través de varios mensajes publicados en su cuenta oficial en la red social Twitter. Asimismo, le ha impuesto una multa de 500.000 dirhams (alrededor de 100.000 euros).

Al Shehhi fue arrestado en mayo tras 'tuitear' detalles sobre el juicio contra 94 islamistas acusados de intentar derrocar el sistema político del país. En julio, 68 de ellos fueron condenados a penas de hasta diez años de cárcel.

El Ejecutivo emiratí ha afirmado que todos ellos formaban parte de una célula secreta con vínculos con la organización islamista Hermanos Musulmanes. La mayoría de los detenidos son miembros de la organización islamista Al Islá, a la que las autoridades acusan de querer derrocar a las monarquías gobernantes para instaurar un Gobierno de corte islamista.

Este mismo mes, la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) advirtió de que el encarcelamiento de los 68 acusados ponía en duda la capacidad del sistema judicial emiratí para respetar los derechos básicos de expresión y asociación.

Por su parte, el Centro Emiratí por los Derechos Humanos ha indicado que Al Shehhi fue arrestado en mayo y retenido durante diez días en una prisión secreta antes de ser trasladado a una prisión de Abu Dhabi, según ha informado la cadena de televisión británica BBC.

Así, ha sostenido que el activista "usó su cuenta en Twitter para cuestionar la forma en la que se llevó a cabo el juicio contra los 94 islamistas, pidiendo la liberación de los prisioneros al considerar que fueron detenidos únicamente por apoyar la introducción de reformas democráticas en el país".

EAU endureció en noviembre de 2012 su legislación contra las críticas vertidas contra las autoridades a través de las redes sociales en el marco de un decreto del presidente, el jeque Jalifa bin Zayed al Nahyan, contra "los cibercrímenes".

Dicho decreto facilita una base legal para juzgar y encarcelar a la gente que use las tecnologías de la información para criticar a las autoridades, abogar por reformas políticas o convocar manifestaciones no autorizadas