BOGOTÁ, 9 Jun. (EP/AP) -
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó a Colombia a pagar 7,8 millones de dólares por los daños sufridos a los familiares de doce investigadores judiciales muertos en una masacre perpetrada en 1989 por paramilitares.
El fallo del tribunal fue adoptado el pasado 11 de mayo, pero no fue comunicado hasta ayer, a través de los abogados de las víctimas. Se trata del pago más cuantioso impuesto a Colombia por la CIDH --con sede en Costa Rica--, que se encarga de investigar las violaciones de derechos humanos en casos en los que no existe la seguridad de una acción justa en las cortes nacionales. Además, el fallo no puede ser apelado.
Las doce víctimas de la masacre --ocurrida en la localidad de La Rochela-- eran trabajadores judiciales, que investigaban otra matanza paramilitar de 19 mercaderes en el estado norteño de Santander. Tres empleados judiciales sobrevivieron al ataque.
Para este fallo, la Corte consideró que el Gobierno no investigó de manera adecuada la relación entre las milicias financiadas por los ganaderos y los comandantes de la quinta brigada del Ejército.
Por ello, también criticó la gestión por parte del Gobierno del proceso de paz con los paramilitares, bajo el cual 30.000 combatientes derechistas y sus jefes han entregado las armas.
Según la CIDH, los miembros de los grupos paramilitares deberían ser castigados por la gravedad de sus actos, y solamente se podrían beneficiar de una amnistía, previa diligencia de las autoridades para determinar si participaron en violaciones a los derechos humanos.