BOGOTÁ, 11 Abr. (Reuters/Notimérica) -
Colombia ha elevado este lunes a un millón de dólares la recompensa por información que permita capturar al líder de la principal banda criminal del país, el 'Clan Úsuga', responsable de una reciente escalada de ataques contra policías y amenazas a habitantes de una amplia región del norte del país.
Las bandas criminales, conformadas por antiguos paramilitares de ultraderecha que se desmovilizaron en un cuestionado proceso de paz, son consideradas como el principal desafío para la seguridad del país y se convirtieron en un objetivo de Estados Unidos, mientras avanzan las negociaciones de paz con las guerrillas de izquierda.
El anuncio lo realizó este lunes el mandatario colombiano, Juan Manuel Santos, en el marco del anuncio de un fortalecimiento de la estrategia que se ha implementado contra las bandas criminales, así como un paquete de nuevas medidas para atacas principalmente al Clan Úsuga.
La principal organización criminal es el denominado Clan Úsuga, conformado por unos 2.000 hombres y liderado por Darío Antonio Úsuga, alias "Otoniel".
"La recompensa a partir de este momento, para quien dé información que nos lleve a la captura de este delincuente 'Otoniel', sube a 3.000 millones de pesos", dijo el presidente Juan Manuel Santos en una declaración en la que anunció un incremento de la ofensiva de las Fuerzas Armadas contra las bandas criminales.
Las autoridades colombianas reconocen la existencia de tres bandas criminales, que no tienen una ideología política ni contrainsurgente, sino que se dedican principalmente al narcotráfico y la minería ilegal, actividades de las que obtienen millones de dólares.
La recompensa del Gobierno de Colombia es adicional a la de hasta 5 millones de dólares que ofrece Estados Unidos por alias 'Otoniel'.
El pago de recompensas ha sido una estrategia exitosa en Colombia en la lucha de las Fuerzas Armadas contra el narcotráfico y la guerrilla.
LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS
El mandatario también hizo referencia a la situación de seguridad de los defensores de los Derechos Humanos, un punto que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) le ha reclamado al gobierno durante los últimos días.
"He dispuesto revisar las medidas de seguridad y protección de líderes de Derechos Humanos y de organizaciones sociales", dijo Santos después de afirmar que ya se han adelantado reuniones entre el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, el alto consejero para los Derechos Humanos, Guillermo Rivera, un representante del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y líderes de organizaciones sociales para seguir cada una de las denuncias que se han hecho.
RESPUESTA DEL CLAN ÚSUGA
Mientras tanto, el Clan Úsuga aseguró por medio de un comunicado que no es cierto que se estén convocando a nuevos paros armados y que no son responsables de los recientes asesinatos registrados a dirigentes de izquierda y defensores de derechos humanos.
El comunicado, que está emitido supuestamente desde las montañas de Colombia, el Estado Mayor de las Autodefensas Gaitanistas, como también se hacen denominar, indican que "es completamente falso que se hayan decretado más días de paro en ninguna parte. Todos los comunicados en este sentido son ilegítimos y no representan la organización".
El pasado 30 de marzo se convocó un paro armado en regiones de Antioquia, Norte de Santander, Chocó, Córdoba, Sucre y Cesar, entre otras, el cual se extendió por varios días.
"Agradecemos profundamente el apoyo y acompañamiento al cese de actividades programado, muestra del aprecio del que goza nuestra organización en las comunidades, que nos ven como sus genuinos representantes. Se equivoca el gobierno al señalar que este acompañamiento es producto de la intimidación y el miedo. Sería imposible atemorizar a tantas regiones que acudieron de manera voluntaria al llamado que hicimos", dice el comunicado.
La declaración de las Autodefensas Gaitanistas asegura que no son los autores de los asesinatos activistas políticos de izquierda como también de Derechos Humanos.
"Es preciso aclarar que no somos responsables de las muertes de miembros de la Unión Patriótica, ni de la Marcha Patriótica, y tampoco de otros activistas de los derechos humanos o sindicalistas que se han presentado en los últimos meses", señala el comunicado, tras pedir que se conozca a los "verdaderos responsables, así como sus inspiradores".