BOGOTÁ, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -
La ex guerrillera Lidia Alape, alias "Jessica", que aparentemente cumplía doble función de informandora del Ejército mientras participaba en el montaje de atentados terroristas falsos, se negó el miércoles a comparecer al Congreso.
Según informa el periódico 'El Espectador', hoy miércoles se adelantará el debate en la Comisión Segunda del Senado sobre este tema. Alias 'Jessica' se negó a acudir al Legislativo a pesar de que la Fiscalía le había concedido el permiso.
Según el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, las versiones de los reclusos y ex guerrillerso condenados, Faryd Mota y Evaristo Castillo, son falsas. Los condenados afirman que varios oficiales participaron en los montajes de atentados en Bogotá.
De acuerdo con Santos, los dos hombres mintieron en sus declaraciones. "Fue un gran montaje al montaje", dijo el ministro, del que se espera participe hoy en el debate de la Comisión Segunda del Senado sobre los atentados falsos.
"Lo mismo daría asistir o no al Congreso porque siempre guardaré silencio", declaró "Jessica" en un comunicado que su abogado, Edison Portilla emitió antes del comienzo de la sesión especial de dicha comisión en la que tenía que comparacer la ex guerrillera que estaba citada por varios dirigentes de la oposición liberal.
El motivo de su citación era que explicara cuál fue su función en cinco atentados frustrados y otro consumado en la capital colombiana antes de la posesión del presidente Alvaro Uribe el pasado 7 de agosto y que fueron atribuidos a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Según el ministerio de Defensa, lo que se investiga ahora es si estos atentados estuvieron organizados por oficiales de la inteligencia militar para enaltecer su fama y eficacia en la lucha contra el terrorismo de la guerrilla.
"Ante las presuntas irregularidades en la incautación de explosivos que está bajo investigación por parte de la Fiscalía, el Gobierno reafirma su compromiso de cero tolerancia con quienes, traicionando el honor militar, engañan a la ciudadanía", dijo el ministro de defensa, Juan Manuel Santos en un comunicado el pasado 8 de septiembre cuando se conoció el escándalo.
Dos testigos encarcelados afirmaron a una emisora de radio que el ejército pagaba 30 millones de pesos (12.500 dólares) por cada coche-bomba que se descubría o por cada decomiso de explosivos a supuestos guerrilleros y el dinero se repartía entre los militares y los falsos terroristas.
"En este programa se han involucrado elementos perversos para hacer negocios con el pago de recompensas", dijo el senador Juan Manuel Galán de la oposición liberal. "La inteligencia militar debe rendir cuentas de cómo se manejan los fondos del Estado", agregó.
Galán anunció que irá a la Corte Constitucional para que sancione a "Jessica" por desacato a la llamada del Congreso, aunque ella se acogió a su derecho legal a no declarar en su contra ya que en ese caso su testimonio podría ser usado por el fiscal que la investiga por los delitos de secuestro y rebelión y la mantiene en la cárcel.
La presidenta de la Comisión, Martha Lucía Ramírez dijo que la negativa de "Jessica" a comparecer se justifica "pues ella está involucrada en una investigación penal que requiere reserva y prudencia" y en la cual no debe interferir el Congreso invadiendo competencias de la justicia.
El senador oficialista Jairo Clopatofsky afirmó que en este episodio "todo ha sido un montaje para debilitar la fortaleza y el honor militar" y se mostró seguro que la fiscalía no hará cargos contra dos oficiales de la inteligencia militar que están bajo investigación.