Actualizado 10/07/2007 01:14

Colombia.- Las FARC pide la intervención de la Cruz Roja para recuperar los cadáveres de los 11 ex diputados muertos


BOGOTÁ, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) ha pedido al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para que recupere los cadáveres de 11 ex diputados que murieron el mes pasado en medio de un fuego cruzado cuando llevaban cinco años secuestrados por el grupo armado.

Según informó hoy el CICR en un comunicado, la organización "recibió una solicitud de las FARC y el aval del Gobierno nacional para adelantar la operación que permita entregar los despojos mortales de los diputados a sus familiares, permitiéndoles así hacer su duelo".

"Ahora ambas partes deben garantizar las condiciones de seguridad en la zona en la que están los cuerpos" para iniciar las labores correspondientes, señaló Carlos Ríos, portavoz del CICR, que el pasado 29 de junio había ofrecido su intervención para mediar en la entrega de los restos de los diputados.

El CICR agregó en el comunicado que "en interés de los familiares de las víctimas y del éxito de la operación, se requiere efectuar esta gestión de manera confidencial y discreta ante todas las partes interesadas".

Fabiola Perdomo, viuda del ex diputado Juan Carlos Narváez, uno de los rehenes muertos, subrayó en una entrevista telefónica con la agencia AP su deseo de que "las FARC no se vayan a demorar" en el trámite que conduzca a la recuperación de los restos.

Del mismo modo, pidió que "los organismos del estado no vayan a colocar obstáculos, sino que generen las condiciones para que los cuerpos se puedan recuperar lo más pronto posible". "Estamos desesperados, ya llevamos una semana en esta incertidumbre", añadió.

Las FARC informaron el pasado 28 de junio de la muerte de los 11 ex diputados en medio de "fuego cruzado" con un grupo armado "no identificado". Los secuestrados fallecieron, al parecer, 10 días antes, según el comunicado publicado por la guerrilla.

Por su parte, el Gobierno aseguró en su momento que en esos días no se registraron operaciones militares en la región, situada en el suroeste del país, donde se supone que permanecían cautivos los ex legisladores, y consideró que los políticos fueron "asesinados vilmente" por sus captores.