BOGOTÁ, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -
Más de 2.800 menores de edad fueron reclutados por las guerrillas y grupos paramilitares entre 1990 y 2005 que fueron obligados a delinquir y sufrieron malos tratos por parte de sus superiores, según denunció este jueves un informe de la Fiscalía de Colombia.
El informe de la Unidad de Justicia y Paz durante el proceso de desmovilización, impulsado por el presidente Álvaro Uribe en su primera legislatura, abandonaron la lucha armada cerca de 1.735 personas mayores de edad que ingresaron a los grupos paramilitares siendo menores.
Además, durante este proceso unos 234 niños fueron enviados a sus casas sin que quedara constancia de ello en ningún registro oficial, ñlo que dificulta y hace prácticamente imposible localizar a los responsables de su reclutamiento.
El documento señala que las guerrillas y los paramilitares comienzan las tareas de reclutamiento con menores de 12 años, procedentes en su mayoría del departamento de Antioquía (noroeste). De momento solo 43 de los más de 3.000 beneficiados por las desmovilizaciones han reconocido su implicación en estos delitos.
Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), principal fuerza paramilitar del país, es la que más menores acoge. En concreto se cree que el bloque norte de este grupo cuenta con 443 niños, el Elmer Cárdenas con 428, el Centauros con 137 y el Catatumbo con 107.
Algunos de los que han participado de forma activa en estas labores son Salvatores Mancuso, Freddy Rendón Herrera, alias 'El Aléman', Ramón Isaza, Hernán Giraldo y Ramiro Vanoy, conocido como 'Cuco Vanoy', informó la emisora local Caracol Radio.
El reclutamiento de menores está considerado por el derecho internacional humanitario como uno de los delitos más graves por lo que acarrea severas sanciones a sus autores. En el caso concreto de los paramilitares colombianos su implicación en este tipo de actos supondría su exclusión de la llamada ley de Justicia y Paz por lo que tendrían que afrontar penas de cárcel de hasta 10 años y podrían. Si estos delitos quedaran impunes en Colombia los casos serían juzgados ante la Corte Penal Internacional (CIP).