MEDELLÍN, 24 Jun. (Reuters/Notimérica) -
Cada vez que el ruido de un avión interrumpe su sueño, Jessica Quintero se despierta asustada, se lanza al suelo y se esconde debajo de su cama para protegerse de los bombardeos de las Fuerzas Armadas en la selva de Colombia que quedaron grabados a fuego en su memoria.
Quintero, que al igual que otros desmovilizados pidió cambiar su nombre por razones de seguridad, se sumó voluntariamente a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) cuando tenía 13 años, imitando a sus 11 hermanos que ya se habían incorporado a la guerrilla más antigua de América Latina, en una lejana zona rural del noroeste del país.
Después de tres años soportando las dificultades de la selva, bombardeos y maltratos dentro de la guerrilla, desertó al igual que miles de personas en la última década y ahora busca cambiar de vida con otros 60 jóvenes en un centro de rehabilitación apoyado por el Gobierno, donde estudia para convertirse en enfermera.
Sin embargo, su pasado la persigue todos los días. Por un lado, teme que sus antiguos compañeros la encuentren y la asesinen por haber desertado, y por el otro, tiene miedo de convertirse en una paria para la sociedad por su paso por la guerrilla.
"No estoy preparada para decir de dónde vengo", dijo Quintero, de 18 años, mientras otros jóvenes del centro jugaban ping-pong en un albergue situado en un sector de clase obrera de Medellín.
"Siento miedo al rechazo, a la discriminación, que me traten mal por haber pertenecido a un grupo armado".
Su historia muestra lo compleja que será la reinserción de miles de combatientes si las negociaciones de paz entre el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC llegan a buen puerto y logran poner fin a un conflicto de más de medio siglo que ha dejado 220.000 muertos y millones de desplazados.
Los retos que implica la reincorporación de combatientes son enormes no sólo por la cantidad de involucrados, la financiación, los traumas psicológicos y la tentación de regresar a las armas, también por la resistencia de un amplio sector de la sociedad que rechaza a la guerrilla.
"Quiero la paz. Pero no estoy dispuesta a compartirla con los guerrilleros que dejen las armas. No me gustaría que vivieran a mi lado ni que sus hijos jugaran con los míos porque tienen un pasado violento, hicieron cosas malas y pueden ser peligrosos", dijo Adriana Jiménez, una odontóloga de 38 años en Bogotá.
EL RIESGO DEL FRACASO
Santos, que ha hecho de la búsqueda de la paz su principal bandera de Gobierno, no ve en la desmovilización masiva un problema insalvable. "Este proceso no nos va a sorprender, estamos totalmente preparados".
El Gobierno muestra a su favor la experiencia con los 57.000 antiguos combatientes que se reintegraron a la vida civil en los últimos 12 años, incluidos más de 30.000 integrantes de los escuadrones paramilitares de ultraderecha.
Sin embargo, cientos de antiguos paramilitares abandonaron el proceso y regresaron a las selvas y montañas para empuñar las armas como parte de bandas criminales dedicadas al narcotráfico.
"Muchos van a tener la tentación de regresar por el amor a las armas y a los uniformes", dijo Jonathan Lucumí, de 19 años.
Lucumí admitió que delegados de estas bandas, consideradas como la principal amenaza para la seguridad de Colombia, buscan a jóvenes como él a cambio de sumas de dinero que superan el salario mínimo que recibirían en cualquier empresa.
"Los antiguos miembros de las FARC son atractivos para las bandas criminales porque saben manejar un arma", dijo Olga García, que trabaja en un programa que ayuda a los exguerrilleros a su transición a la vida civil y supervisa cursos de mecánica, carpintería, electricidad y confecciones.
El Gobierno sostiene que el "dividendo de la paz", es decir la firma de un acuerdo y el abandono de las armas de miles de combatientes aportarían un crecimiento adicional de dos puntos porcentuales anuales a la cuarta economía de América Latina.
Pero un estudio de las universidades de La Sabana y Javeriana, junto al Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, advirtió que un fracaso podría llevar a "la paradoja de la paz", si la economía es incapaz de absorber la mano de obra desmovilizada de las FARC, lo que podría aumentar la criminalidad en el país, como sucedió en Centroamérica.
Expertos consideran que la situación podría evitarse si las empresas privadas emplearan antiguos combatientes. El 83% de las firmas con sede de Bogotá está dispuesta a hacerlo, reveló una reciente encuesta de la Cámara de Comercio.
Compañías como Femsa Coca-Cola han participado en el proceso desde hace años. "Creo que es un momento histórico", dijo la vicepresidenta de asuntos corporativos de Femsa Coca-Cola, Silvia Barrero, que ha ayudado a unos 1.600 excombatientes de grupos armados ilegales. "Es responsabilidad de toda la sociedad civil y de la empresa privada, que juega un papel fundamental en la misma".
RETOS A SUPERAR
El Gobierno gasta anualmente 4 millones de pesos (más de 1.500 dólares) en la rehabilitación y reinserción de cada combatiente que abandona las armas. Un dato que se encuentra muy por debajo de los 13 millones de pesos (más de 5.000 dólares) anuales que cuesta cada preso en la cárcel, dijo el jefe de la Agencia Presidencial para la Reintegración, Joshua Mitrotti.
Mitrotti reconoció que una reintegración exitosa puede llevar más de seis años. "No se trata sólo de reinserción, supone la reintegración y la transformación total del individuo".
Pero instituciones independientes, como la de Medellín, dicen que los recursos del Gobierno son limitados y que se necesitan al menos 1.200 dólares mensuales durante tres años, además de decenas de centros de rehabilitación que no existen.
Un alto porcentaje de los combatientes de las FARC son analfabetos, lo que demorará más su proceso de capacitación y de reinserción. Y aunque la mayoría proviene de zonas rurales pobres, la opción de regresar a casa y desarrollar labores agrícolas también tiene dificultades ya que el país carece de carreteras para que los campesinos transporten sus cosechas.
El cultivo de hoja de coca, la materia prima de la cocaína, tampoco sería una opción ya que el Gobierno firmó un acuerdo con la guerrilla para erradicarla.
La desmovilización de grupos insurgentes en Colombia ha tenido resultados muy diferentes. El M-19, que firmó la paz en 1990 se incorporó con éxito y varios de sus dirigentes brillan en la política del país, cono en el caso de Gustavo Petro, alcalde de Bogotá. Por otra parte, los excombatientes rasos fueron empleados por el Gobierno.
Antonio Navarro, un antiguo líder del M-19 y un respetado senador de izquierda, pidió al Gobierno emplear a los combatientes que abandonen las armas tras la firma de un acuerdo de paz para evitar que regresen a los grupos armados.
"Hay muchas experiencias de malos procesos de posconflicto que terminan reemplazando una violencia por otra", aseguró.
Y los retos no se acaban ahí. Otro riesgo para los excombatientes es la posibilidad de que aparezcan grupos de extrema derecha o personas que quieran cobrar venganza por los crímenes de la guerrilla.
Unos 5.000 miembros de la Unión Patriótica (UP), fundada en 1985 tras un fallido proceso de paz con las FARC, fueron asesinados por paramilitares en una campaña de exterminio. El postconflicto y la transición a la vida civil de la guerrilla podrían estar marcados por una estela de sangre y muerte.
"No ha habido un proceso de paz en Colombia en el que no terminen muertos dirigentes de las guerrillas o miembros de los partidos políticos que se crean" dijo Iván Cepeda, senador del izquierdista Polo Democrático, hijo del legislador de la UP Manuel Cepeda, asesinado a tiros por paramilitares en 1994.