BOGOTÁ, 6 Feb. (Colprensa/Notimérica) -
La mutilación genital femenina, también conocida como ablación, viola los derechos humanos, afecta la salud y pone en riesgo la vida de cerca de tres millones de niñas todos los años en el mundo. En Colombia, algunos pueblos indígenas y afrodescendientes aún realizan esta práctica, convirtiéndola en el único país de América Latina y el Caribe donde se conoce de su existencia.
Así lo informó el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), que en el marco de la conmemoración del Día Internacional de Tolerancia Cero con la mutilación genital femenina, celebrado este viernes, hace un llamamiento a las autoridades y a la comunidad en general sobre la necesidad de que se dediquen mayores esfuerzos para la erradicación de esta práctica en Colombia.
Esta costumbre, que consiste en cortar parte de los genitales de las niñas, no aporta ningún beneficio a la salud de las mujeres y niñas, sino que la perjudica con la extirpación y daño del tejido genital femenino normal y sano, además de que interfiere con la función natural del organismo femenino, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Además, la Unfpa explica que entre sus complicaciones inmediatas se encuentran el dolor intenso, choque, hemorragia, tétanos, sepsis, retención de orina, llagas abiertas en la región genital y lesiones de los tejidos genitales vecinos.
A largo plazo, el organismo apunta que este hábito puede constituirse en infecciones vesicales y urinarias recurrentes, quistes, esterilidad, aumento del riesgo de complicaciones del parto y muerte del recién nacido y/o la madre, al igual que el daño emocional que perdura en su vida.
Aunque en 2012 se logró la declaración pública de las autoridades indígenas Embera de Risaralda de suspender este tipo de prácticas, después de que en 2007 se registrara la muerte de un grupo de menores de esta comunidad, aún necesita ser incorporada en su totalidad por los demás pueblos Embera del país.
Así lo manifestó Lucy Wartenberg, representante de la Unfpa en Colombia, quien aclaró que, a la falta de recursos suministrada por el Gobierno para capacitar a sus habitantes, se suma la intimidad y la reserva con que se realizan estas prácticas, lo cual dificulta conocer el universo total de las mujeres afectadas y, por tanto, su erradicación total.
En este sentido, Wartenberg señaló que ha sido "imposible" trabajar en una verdadera campaña de sensibilización sobre las mujeres que realizan esta práctica, argumentando que "para ello toca hacer un trabajo de conciencia y de construcción para que entiendan por qué la práctica es nociva para la salud".
Por ello, la representante de las Naciones Unidas solicitó el compromiso de las autoridades indígenas y de instituciones del Gobierno, como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), "para que juntos se comprometan a poner los recursos para llegar a estas comunidades alejadas y dispersas, para hacer esta labor de sensibilización".
Asimismo, la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) se mostró consciente del daño que genera en las mujeres esta práctica, y resaltó que, junto al Gobierno, ya acordaron recursos dentro del Plan Nacional de Desarrollo para adelantar estas iniciativas con los distintos pueblos indígenas en donde se tenga conocimiento sobre la mutilación genital femenina.
De acuerdo con lo anterior, Alberto Wazorna, Consejero Mayor de la Onic, destacó el compromiso actual de las autoridades indígenas y gubernamentales para superar esta práctica, y solicitó la comprensión del pueblo colombiano, justificando que ese "va a ser un trabajo difícil y a largo plazo, el cual ya se está coordinando".
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