SAN JOSÉ, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Organismo de Investigación Judidial (OIJ) detuvo ayer a 12 funcionarios y tres ex empleados del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) por distribuir tierras del Estado entre sus familiares, acusados de un delito de peculado (sustracción de bienes públicos).
La captura se produjo en un operativo simultáneo en localidades de distintas provincias del país, según el diario 'La Nación'. Según el Ministerio Público entre 1993 y 1999 los implicados se distribuyeron 43 fincas que en conjunto miden 689.000 metros cuadrados.
Contra uno de los imputados pidieron prisión preventiva y contra los otros la separación de sus respectivos cargos, no acercarse a las oficinas del IDA y prohibición para salir del país.
El asunto se hizo público tras una investigación del citado diario el noviembre. La Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Corrupción y Tributarios y la Sección de Fraudes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) continuaron entonces con la investigación.
Las autoridades determinaron que los implicados "idearon una refinada y sistemática estrategia" para adjudicar tierras del IDA a padres, esposas, hermanos, suegras u otros allegados.
Jorge Rojas Vargas, director del OIJ, dijo que una de las principales dificultades en la investigación es que los expedientes de los asentamientos fueron destruidos por los sospechosos, por lo que los oficiales debieron reconstruirlos. Además dijo Rojas que en "la mayor parte de los casos se estableció que los implicados se saltaron los procedimientos para hacer las adjudicaciones".
En una muestra de las tierras asignadas a los parientes y allegados de los sospechosos, el OIJ comprobó que el 73% de los terrenos están en abandono, lo que refleja que no necesitaban la tierra como medio de trabajo y subsistencia. Al parecer lo que buscaban era venderlas ya que las parcelas del IDA puede ser vendidas 15 años después de su adjudicación, siempre que los inspectores agrarios lo autoricen.