MADRID, 21 Dic. (Notimérica) -
La educación universitaria en Chile es una de las más caras del mundo si se compara con el poder adquisitivo de su población. Cuando Michelle Bachelet asumió la presidencia del Gobierno el pasado año, lo hizo con la promesa electoral de alcanzar un 70% de gratuidad al final de su mandato (en marzo de 2018), pero la realidad es que en los veinte meses que lleva de Gobierno los avances no han sido los esperados.
A la circunstancia de que en el país no existe ninguna universidad pública se suma que el Estado financia una parte bastante baja de las tasas universitarias de aquellas universidades estatales, lo que supone una de las principales quejas de los estudiantes, que llevan organizando marchas y movilizaciones desde 2011.
El grueso de la financiación de la educación proviene de caudales privados, principalmente de los propios estudiantes y sus familias, que para poder pagar las tasas universitarias adquieren grandes deudas en forma de créditos bancarios.
Bachelet ha manifestado en más de una ocasión que "no es justo que el Estado pague la educación de ricos y pobres", en un claro guiño a las clases más bajas que sigue sin asegurar el acceso de todos los estudiantes a una educación gratuita.
En junio de este año anunció que garantizaría, a partir de 2016, la gratuidad al 50% de la población más desfavorecida y a algunas universidades privadas, de manera que esta tenga acceso a la universidad sin necesidad de créditos pero tampoco de becas, un sistema en el que hasta ahora se habían amparado todos los Gobiernos chilenos.
Esta propuesta fue rechazada el pasado 10 de diciembre por el Tribunal Constitucional por considerar que los requisitos para seleccionar a las instituciones beneficiadas eran "discriminatorios".
Ahora, Bachelet, que ha asegurado que "algunos quieren impedir que cumpla mi palabra", trabaja para buscar una solución que acepte el Constitucional, ya que este 22 de diciembre se cumple el plazo para que las universidades se inscriban en este beneficio.