MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -
En torno a 10.000 de las más de 100.000 mujeres que fueron esterilizadas por la fuerza en aplicación de una política que desarrolló la Administración del expresidente Alberto Fujimori durante su último mandato (1995-2000), se han inscrito como víctimas desde que en 2015 el Gobierno creara un registro para este fin, pero organizaciones como la Asociación Servicios Educativos Rurales (SER) denuncia los impedimentos que se ponen para el registro de las víctimas --que tienen que bajar a la capital en mula o a pie desde lo alto de la montaña-- y el cierre del grifo de los fondos para que sigan recibiendo apoyo social y psicológico.
La presidenta de la Asociación Servicios Educativos Rurales (SER) --socia local de Manos Unidas en Perú--, Raquel Reynoso, denuncia que son, al menos, "más de 100.000" mujeres las víctimas de las esterilizaciones forzosas. En 1995, el expresidente Fujimori introdujo en el programa nacional de salud sexual y reproductiva la autorización de la esterilización pero, tal y como denuncia Reynoso, no se trataba de que las mujeres pudieran "optar" por este método sino que "dictó que las indígenas fueran esterilizadas". Incluso, señala que algunos médicos admitieron que tenían que cumplir con cuotas mensuales.
"Las mujeres eran engañadas, llevadas a las postas medicas, les decían que les iban a poner una vacuna de vitaminas cuando, en realidad, era anestesia", recuerda Reynoso en una entrevista con Europa Press. "Muchas de ellas --añade-- solo recuerdan que se despertaron y que había mujeres tiradas en mantas esperando a que se les pasara la anestesia".
Según denuncia la presidenta de la Asociación Servicios Educativos Rurales, a las mujeres esterilizadas las atemorizaban diciéndoles que les iban a quitar a sus hijos o a meter preso a su esposo por tener muchos hijos. En otras ocasiones, las atraían asegurándoles que les iban a dar comida. "En esta situación, muchas fueron", afirma Reynoso. Si bien, añade que estas mujeres no sabían ni leer ni escribir, por lo que se pregunta "cómo podían firmar una esterilización voluntaria".
Además, añade que no solo las esterilizaron con engaños sino que tampoco las atendieron después, dejándolas regresar a su casa en la montaña sin más indicaciones sobre los efectos de la operación ni ayudas ante posibles complicaciones que, de hecho, las hubo pues, según indica Reynoso, también se produjeron muertes.
TRADUCTORES DE QUECHUA INSUFICIENTES
Si bien, a diferencia de aquellos años en que iban a buscar a las mujeres indígenas "a lo más profundo de la montaña" para que se sometieran a la esterilización, Reynoso se muestra "indignada" porque ahora que les toca registrarse como víctimas son ellas las que tienen que bajar a la capital de la región, recorriendo un camino que no es tan sencillo y que deben hacer en mula o a pie. Además, advierte de la falta de traductores de su idioma, el quechua, pues aunque el Ministerio de Cultura está facilitando algunos, "no son suficientes".
A esto se suma la "desinformación total" de los funcionarios del ámbito de la salud ya que reciben denuncias de mujeres que sufren inflamaciones constantes como consecuencia de la esterilización y, cuando acuden al centro hospitalario, se les dice que el seguro de salud no atiende estos casos; y la situación a la que se enfrentan las mujeres a las que no se les ve bien la cicatriz de la operación y no tienen dinero para hacerse la ecografía que les exigen para demostrarlo.
Otro "atropello", según señala Reynoso, es el recorte por falta de presupuesto de los programas de asistencia social y psicológica a las víctimas que se les ofrecía ya el año pasado. Aunque el Ministerio de la Mujer ha indicado que van a seguir atendiéndolas, desde las asociaciones creen que estos casos quedarán en segundo plano pues los centros están "desbordados" por la violencia de género y los feminicidios.
El movimiento de defensa de los Derechos Humanos y organizaciones feministas comenzaron a denunciar los casos poco tiempo después de que empezaran a practicarse estas esterilizaciones forzosas y hubo "intentos de investigaciones" que quedaron en "archivos" de casos porque hay "muchos intereses de por medio". "Mucha gente iría presa", asegura.
CASO DE MAMÉRITA MESTANZA
Solo destaca un caso, el de Mamérita Mestanza, una campesina indígena de 33 años, que vivía con su esposo y sus 7 hijos en el departamento de Cajamarca (Perú), que fue presionada para someterse a la operación de ligadura de trompas y falleció a los pocos días de la intervención. Su familia junto a la organizacación feminista Demus llevó el caso a los tribunales y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, llegando a un acuerdo amistoso con medidas de reparación y de prevención.
Si bien, Reynoso denuncia que, a pesar de que el Estado se ha comprometido a formar una mesa de trabajo para la reparación de las víctimas, a tomar acciones para la no repetición de casos como estos, "nada de eso se ha cumplido".
En este contexto, desde la Asociación Servicios Educativos Rurales ofrecen apoyo a las mujeres y las animan a reclamar sus derechos, realizan acciones de incidencia y dan voz a las mujeres "para que se haga justicia".
Finalmente, Reynoso reconoce que están "devastadas" por el indulto concedido el pasado mes de diciembre por el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynskia, a Fujimori --que fue condenado en 2009 a 25 años de prisión por la muerte y el secuestro de decenas de personas en diferentes hechos violentos ocurridos durante su Gobierno--.
CON APOYO DE MANOS UNIDAS, 500 MUJERES LÍDERES
La Asociación Servicios Educativos Rurales (SER) es una institución que trabaja en la promoción de los derechos humanos, con proyectos de agua potable, saneamiento y educación y de gobernabilidad democrática, formando a líderes en las comunidades rurales, para que sepan reclamar sus derechos y ser artífices de su propio desarrollo. Sobre todo, trabajan con las mujeres de las zonas andinas para que puedan acceder a la toma de decisiones.
Por medio de su proyecto con mujeres en Ayacucho, en la provincia de Huamanga, donde cuentan con el apoyo de Manos Unidas y de la Junta de Andalucía, 500 mujeres han llegado a ser "comuneras calificadas", algo muy importante porque hasta ahora solo los hombres o, en todo caso, las viudas y madres solteras, podían acceder a este cargo y, por tanto, tener voz y voto en las asambleas.
"Hemos hecho un proceso largo sensibilizando a varones y mujeres de las propias comunidades para que valoren el rol, el aporte de las mujeres, por medio de teatro, vídeos y talleres participativos, y hemos logrado que aprueben unos nuevos estatutos que incorporan expresamente que las mujeres pueden ser comuneras calificadas con voz y voto", celebra Reynoso.
Otro problema al que se enfrentan, según precisa es el de las industrias mineras que entran en sus territorios sin respetar el hábitat. Contra esto también se defienden las mujeres formadas para ser líderes, reclamando el cuidado de sus recursos naturales, de esas semillas que guardan desde sus antepasados, algo que a veces se pierde con la entrada de las empresas extractivistas.
En este sentido, reconoce que la visita del Papa a Perú y sus mensajes han sido "un jalón de orejas al Estado" para que vigile mucho más estas empresas y combata la minería ilegal. También sintieron el apoyo del Pontífice cuando denunció las esterilizaciones forzosas durante su viaje al país andino.