CIUDAD DE MÉXICO, 22 Jun. (Notimérica) -
Dos tenientes del Ejército mexicano, identificados como José Roberto Acosta Vargas y Édgar Díaz Frías, violaron en 2013 a una mujer en el interior de un cuartel militar en Nuevo Laredo, en el estado de Tamaulipas.
El 19 de septiembre de 2013, los militares detuvieron el vehículo en el que iban enfrente de una tienda de autoservicio para que la mujer, de nombre Josefina, subiera al coche. Un vez montada, el teniente Acosta se dirigió a la feria de Nueva Laredo, donde actuaba el grupo del género 'narcocorridos' Calibre 50.
De acuerdo al diario 'Animal Político', Josefina planeaba ir al concierto con su novio, el también militar Ángel de Jesús Castillejos, quien finalmente no pudo acompañarla. Castillejos le contó a su pareja que enviaría a algún compañero para que fuese con ella. Quienes se presentaron fueron los tenientes.
Tras la actuación musical, sus acompañantes debían llevarla de vuelta a casa. Sin embargo, cogieron un rumbo diferente, reteniendo a la mujer por la fuerza, y finalmente llegaron al cuartel militar Macario Zamora, donde la violaron, golpearon y amenazaron de muerte a su familia si denunciaba la agresión. Una vez que terminaron, la abandonaron en la calle.
Siete meses después, en abril de 2014, Josefina y su familia presentaron una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo Laredo y el caso fue remitido a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por tratarse de un delito cometido por miembros del servicio público de índole federal.
"Mi hija regresó a mi casa hasta el día siguiente 20 del mismo mes y año, por la mañana, aproximadamente a las 7:00 horas de la mañana*la note mal, desalineada (sic) y extrañada porque llevaba sus zapatos en la mano y su blusa rota*a partir de esa fecha mi hija cambió su carácter tornándose callada, sin salir a ninguna parte*", declaró la madre a la CNDH, quien posteriormente confirmaba la violación.
EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN
Las investigaciones de la comisión incluyeron la declaración de otras 12 personas involucradas directa e indirectamente en el hecho, entre las que se incluyeron las de los tenientes.
La primera prueba importante que recogió la Comisión fue un par de publicaciones de Facebook donde Josefina aparece junto a los agresores viendo a Calibre 50 en la feria.
El 3 de julio, la víctima denunció los sucesos ante la Procuraduría General de la República (PGR). El día siguiente, tras confirmarse que tanto Acosta como Díaz eran militares, el Comandante del Primer Regimiento de Caballería Motorizada envió un oficio con las declaraciones de los hombres sobre lo sucedido, quienes negaron las declaraciones de la mujer.
Al pasar 10 días, la Dirección General de Derechos Humanos de la Sedena notificó del inicio de una averiguación en contra de "los militares involucrados (por si) llegare a constituir algún delito estrictamente vinculado con la disciplina militar".
Posteriormente, un equipo de psicólogos evaluó a Josefina y entrevistaron a familiares para tratar de corroborar la veracidad de su versión. Por su parte, la PGR remitió la denuncia a la Fiscalía Especial para Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA).
Ésta se declaró incompetente y la remitió a la Agencia para la Protección de la Familia de la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas, institución que integró una nueva averiguación previa el 24 de noviembre de 2014.
Los delitos investigados eran violación, lesiones, privación ilegal de la libertad y robo. Dicho caso se llevó a cabo bajo el nuevo sistema de juicios orales en la Agencia Primera con una carpeta de investigación.
El 1 de junio del mismo año, a los tenientes les redirigieron a otros batallanes militares.
El 8 de octubre, el Órgano Interno de Control de la Sedena determinó que ambos no desempeñaban funciones militares al momento de la agresión, por lo que no los investigaría. El caso lo dejó en manos de la Procurador estatal, quien lo remitió al Agente Tercero del Ministerio Público.
Sin embargo, para el 28 de enero de 2016 la instancia estatal devolvió el caso a la PGR, argumentado incompetencia.
CONTRADICCIONES
Los militares sospechoso dieron diferentes declaraciones a los agentes de los Ministerios Públicos militar, federal y estatal. Ambos negaron los hechos, a pesar de las fotografías mostradas por la víctima. Las contradicciones fueron aclaradas con las entrevistas a los militares que hicieron guardia el 19 de septiembre de 2013, quienes confirmaron que los tenientes acudieron al concierto de Calibre 50.
En posteriores declaraciones, Acosta Vargas y Díaz Fría confesaron que tuvieron relaciones sexuales consensuadas con Josefina a pesar de que en anteriormente habían negado conocer a la víctima.
La versión de Josefina estaba respaldada con la declaración del informe de la PGJ, las declaraciones de dos militares y la inspección ministerial en la habitación donde fue agredida.
La captura de Acosta Vargas y Díaz Frías no se ha concretado, porque el Ministerio Público Federal argumentó incompetencia para investigar y analizar las pruebas.
Por ello, la CNDH pidió al Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, que envíe la recomendación a la averiguación previa número 3 de la PGR.
Asimismo, el defensor del pueblo Luis Raúl González Pérez pidió al órgano de control interno militar que continúe con la investigación contra los militares, que hasta diciembre de 2015 seguían en activo.