BOGOTÁ, 6 Nov. (Colprensa/Notimérica) -
Este viernes 6 de noviembre se cumplen 30 años de la toma del Palacio de Justicia, ubicado en Bogotá, Colombia. Ese día de 1985, un comando de guerrilleros del Movimiento 19 de abril (M-19) asaltó la sede de dicha institución y mantuvo a cerca de 350 rehenes, entre los que se encontraban magistrados, consejeros de Estado, servidores judiciales, empleados y visitantes, retenidos durante más de un día.
Los hechos culminaron 27 horas después, dejando un saldo de 98 muertos, entre ellos 11 magistrados. Casi un centenar de víctimas mortales en un holocausto que, aún a día de hoy, no se ha esclarecido.
Preguntas como si las fuerzas de inteligencia tenían constancia o no del ataque, siguen en el aire, así como las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía de Colombia, que continúan dando pasos tres décadas más tarde para determinar qué sucedió aquél 6 de noviembre de 1985.
¿SE CONOCÍA DE ANTEMANO EL ATAQUE?
"¿Sabían las fuerzas de inteligencia que existía un plan para atentar contra el Palacio de Justicia?", es la principal duda de la mayoría de los colombianos.
Semanas antes, el 16 de octubre, el que fuera ministro de Defensa, el general Miguel Vega Uribe, reveló la existencia de un plan, lo que provocó una reunión inmediata con los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, y del Consejo de Estado, Carlos Betancourt Jaramillo, según ha explicado este último, quien logró sobrevivir.
En esa reunión se habrían acordado varias medidas de seguridad pero, no obstante, la seguridad se habría reducido justo el día del ataque, una acción que sorprendió a los juristas, muchos de los cuales habían sido objeto de múltiples amenazas, como constató la Comisión de la Verdad en su informe final.
De acuerdo con la Comisión, la hipótesis "más probable" es la conocida como 'La Ratonera', que indica que el retiro de la protección especial fue un acto deliberado de algunos miembros de la fuerza pública para permitir el ingreso del M-19 con el fin de tender una trampa a la guerrilla. Esta hipótesis estaría siendo investigada en la actualidad por la Fiscalía, quien tendría que citar a ex integrantes del Gabinete del entonces presidente de la República, Belisario Betancur.
LA ACTITUD DEL GOBIERNO NACIONAL.
Otra de las grandes dudas tiene que ver con la actitud del Gobierno para atender la crisis generada, pues mientras se escuchaban disparos y explosiones y se pedía por parte del magistrado Reyes Echandía un cese el fuego, se inició un operativo militar de recuperación liderado exclusivamente por los militares.
"No podía haber suspensión del operativo militar, pues como antes indiqué, de la ejecución misma de aquel operativo se encargaba exclusiva y excluyentemente la institución militar", justificó más tarde el ex presidente Betancur en la Comisión de la Verdad.
Según la Comisión fue un error no promover el diálogo e inaceptable que no se accediera a hablar con Reyes dado que estaba en riesgo la vida de las personas secuestradas. A pesar de esto, 30 años después todavía quedan dudas sobre el papel real del presidente. ¿Hubo un golpe de estado que impidió al presidente conocer los detalles del operativo? ¿Por qué no intercedió en ninguna instancia del mismo?
Otra de las dudas que surgen sobre este punto es qué habría podido pasar si no se hubiera censurado la transmisión por televisión de la toma por orden de la entonces ministra de Comunicaciones, Noemí Sanín.
LA OPERACIÓN Y LAS TORTURAS.
Frente al operativo del Ejército Nacional para recuperar el Palacio se cuestiona la capacidad de respuesta coordinada con la Policía, el presunto incumplimiento de una orden de cese el fuego, el ingreso de tanques sin autorización del Presidente y las actuaciones en el cuarto piso del Palacio, lugar en el que estaban la mayoría de los rehenes y el guerrillero Andrés Almarales, al mando de la operación.
Más concretamente, la investigación se pregunta quién provocó la muerte del líder Almarales, ya que algunas versiones apuntan a que los tanques dispararon contra él abriendo un boquete en la pared y disparando indiscriminadamente.
En medio de la operación, todavía se desconoce cómo se inició el voraz incendio que consumió el Palacio de Justicia, si tuvo varios focos y quién lo ejecutó.
Igualmente, entre las dudas que recaen sobre el Ejército está el trato que se les dio a las personas que salieron con vida del Palacio ya que se registraron torturas y acusaciones de "ser guerrilleros" sin estar justificadas. De hecho, 30 años después aún se desconoce el paradero de al menos 11 personas.
En ese sentido, de acuerdo con la Justicia colombiana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los supervivientes fueron trasladados a la Casa del Florero y luego a instalaciones militares, como la Escuela de Caballería, donde fueron torturados.
Entre estas víctimas destaca el caso del magistrado auxiliar del Consejo de Estado, Carlos Horacio Urán, quien salió vivo del Palacio y, más tarde, su cadáver apareció en Medicina Legal, sin que se sepa hasta el momento quién es el responsable de los hechos. En cambio, la autopsia reveló que había muerto a causa de un disparo a corta distancia.
LA MANIPULACIÓN DE LA ESCENA.
¿Quién ordenó lavar el Palacio de Justicia? ¿Por qué se lavaron los cuerpos? ¿Por qué los cuerpos y sus prendas fueron tratados de forma errónea y no se conservaron las pruebas? ¿Por qué no se siguieron los protocolos existentes para el levantamiento de objetos, armas, pertenecías? ¿Por qué los soldados barrieron todo el Palacio de Justicia?
Sobre este asunto, la Comisión de la Verdad aseguró que: "Esta situación, en cualquier caso, permitiría pensar que más allá de contribuir en el proceso de investigación, se quiso ocultar o borrar evidencias relacionadas con las causas de la muerte de cada una de las víctimas, por cuanto no sólo no se guardaron los cuidados necesarios, sino que, además, no se siguieron los protocolos mínimos que se aplican a estas situaciones con el fin de preservar la evidencia que habría contribuido a establecer las causas de muerte y la identidad de los fallecidos".
¿QUÉ HA OCURRIDO CON LOS DESAPARECIDOS?
La gran duda, y la que ha generado más dolor entre los familiares de las víctimas, es la suerte de sus seres queridos. Hasta hace apenas unas semanas se creía que habían 11 desaparecidos, lo que ha motivado una extensa disputa judicial. Según el coronel en retiro Alfonso Plazas Vega, la única desaparecida es la guerrillera Irma Franco, mientras que en el resto de los casos se tratan de cuerpos sin identificar.
El coronel Plazas fue condenado a 30 años de prisión por su responsabilidad en dos desapariciones, la de Franco y la del administrador de la cafetería Carlos Augusto Rodríguez Vera, y ahora está a la espera de que la Corte Suprema de Justicia decida si confirma ese fallo o lo revoca.
Recientemente, la Fiscalía anunció el hallazgo de los restos de tres mujeres que se encontraban desaparecidas: una cajera de la cafetería del Palacio, Cristina del Pilar Guarín Cortés, la empleada de la cafetería Lucy Amparo Oviedo y la abogada Luz Mary Portela León, que se dirigía al despacho del magistrado Alfonso Reyes Echandía cuando sucedieron los hechos.
Con estos hallazgos queda en entredicho el paradero de otras dos mujeres que actualmente figuran como desaparecidas, pues los restos de Cristina del Pilar Guarín Cortés fueron encontrados en los que se creía que pertenecían a María Isabel Ferrer; una situación parecida a lo ocurrido con los restos de Luz Mary Portela León, que antes había sido identificada como Libia Rincón Mora.