MIAMI, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) observará de cerca el conflicto legal entre los accionistas privados y estatales del diario 'El Telégrafo' de Ecuador, a la espera de que la disputa proceda en un ambiente de transparencia y ajustada a debido proceso.
El director del diario, Carlos Navarrete Castillo, que asumió su cargo en 2002 y es descendiente de los fundadores del diario de 123 años, denunció prácticas irregulares por parte del Estado que según dijo, buscaría despojar a los accionistas privados de la propiedad, anulando varios aumentos de capital realizados en 2002, 2004 y 2007.
La Superintendencia de Compañías emitió una resolución que deja sin efecto aquellos aumentos de capital, y devuelve la mayoría accionaria a la entidad estatal Agencia de Garantía de Depósitos (AGD).
El Estado ecuatoriano, a través de esta agencia, se incautó del diario, después de intervenir en la década pasada los bienes del banquero Fernando Aspiazu, el mayor accionista en aquel entonces, que fue condenado a prisión por estafa, por irregularidades en el desaparecido Banco del Progreso de su propiedad.
Ambos grupos disputan la validez de sus actos. Navarrete argumenta que el aumento de capital fue para salvar al diario de la bancarrota y acusa al Estado de abuso de poder y querer apoderarse de un medio de comunicación.
La Superintendencia aduce la ilegalidad del aumento de capital, un monto cercano a los 700 mil dólares, con el que se habría cambiado el esquema permitiendo a los accionistas privados pasar de menos del 20 por ciento a más del 80 por ciento de las acciones.
La SIP, a través de su presidente Rafael Molina y del titular de la Comisión de Libertad de Prensa, Gonzalo Marroquín, indicó que, respetuosa del trabajo de la Justicia, espera que el conflicto legal se realice con total transparencia y se ajuste a debido proceso.
Las autoridades de la SIP, ante declaraciones de funcionarios que manifestaron la intención de que el Estado se quede con la propiedad del periódico, agregaron que, en ese caso, el Gobierno debería abrir un proceso de licitación pública ajustada a ley para evitar contradicciones con principios internacionales.