BOGOTÁ, 7 Dic. (Notimérica) -

   El Juzgado 79 de Control de Garantías de Bogotá, en Colombia, ha decidido enviar a la cárcel La Modelo de la capital colombiana a Rafael Uribe Noguera, el hombre acusado por la Fiscalía de raptar, torturar, violar y matar a Yuliana Samboní, una niña indígena de siete años.

   En una audiencia que ha durado alrededor de nueve horas, este miércoles la autoridad judicial ha ordenado prisión preventiva contra el arquitecto Uribe, de 38 años, mientras se desarrolla el juicio en su contra que determinará su culpabilidad en este atroz crimen que tienen conmocionada a Colombia.

   De acuerdo con las autoridades, existen las pruebas suficientes que llevan a deducir que Uribe fue la persona que cometió el crimen de la menor, aunque éste se ha declarado inocente de los delitos por los que se le acusa.

   A este presunto asesino lo acusan de los delitos de feminicidio agravado, secuestro simple, tortura y acceso carnal violento. Además, se investiga su participación y la de dos de sus hermanos en la alteración de la escena del crimen, confirmada por la Fiscalía, según la cual la niña fue bañada y parte de su ropa tirada al inodoro.

   Después de la comisión del crimen, el presunto asesino fue ingresado en una clínica por sus familiares para que se recuperara de una supuesta intoxicación con alcohol y drogas. Tras recibir el visto bueno de los médicos, las autoridades trasladaron este martes por la noche a Uribe de la clínica a los juzgados en medio de un gran despliegue de seguridad.

   

   Después de la audiencia, el juez ha considerado a Uribe como peligroso para la sociedad, una amenaza para los familiares de la niña asesinada y un hombre que podría interferir en la investigación o intentar huir de Colombia.

   El rechazo por el caso ha alcanzado a todos los sectores de la sociedad, e incluso el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha reiterado su repudio al asesinato y violación de la pequeña Yuliana Samboni.

    Además, en las últimas horas se han presentado en el Congreso propuestas para endurecer los castigos contra los violadores y asesinos de menores, donde la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Cristina Plazas, ha solicitado al Congreso la agilización del trámite para legalizar la condena a cadena perpetua en casos de violaciones a menores.

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