MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia Nacional ha rechazado que el presunto represor argentino Ricardo Miguel Cavallo ingrese en una prisión militar hasta que sea juzgado en España por los crímenes que supuestamente cometió durante la dictadura militar argentina (1976-1983). La fiscalía pide para el ex militar, que actualmente se encuentra en prisión incondicional y que será juzgado en España, penas que oscilan entre los 13.332 y los 17.010 años de prisión.
El pasado 22 de noviembre, el abogado de Cavallo pidió el traslado de su cliente a un centro penitenciario militar, a lo que la fiscal Dolores Delgado se negó en un informe del pasado día 2. La representante del Ministerio Público entendió que la petición del acusado no procedía al no ser "militar español ni asimilado", por lo que pidió que se le considerase preso preventivo común "a todos los efectos" y sin poder "gozar de prerrogativa alguna por su condición de militar argentino".
El tribunal ha hecho suyos los argumentos de la fiscal por considerar que son "plenamente ajustados a Derecho". Añade que la legislación española en materia militar se refiere "única y exclusivamente a militares en activo o en reserva que ejerzan en España (artículo 8 del Código Penal militar)". Por todo ello, la Audiencia nacional ha desestimado la petición de Cavallo de ingresar en una cárcel militar.
El ex represor argentino será juzgado finalmente en España, después de que la Audiencia Nacional verificara que en Argentina no existía un procedimiento abierto contra él por los crímenes de la dictadura. La variación de penas que solicita la fiscal (entre 13.332 y 17.010 años de prisión) se debe a que el escrito de acusación incluye seis alternativas de condena, todas ellas por miles de años de encarcelamiento, aunque el tiempo máximo de cumplimiento en España son 30 años de internamiento.
Según el escrito de la Fiscalía, en 1976 Ricardo Miguel Cavallo, que utilizaba los alias "Sérpico" y "Marcelo", era teniente de Fragata y estaba destinado en la ESMA, donde "se integró plenamente en el desarrollo de ese plan de represión y exterminio", y formó parte de dos grupos de tareas de forma permanente. Primero estuvo en el encargado de "allanamientos, muerte, detención, secuestros y apropiación de bienes de las víctimas, a partir de los datos que proporcionaba el sector de Inteligencia".
A partir de enero de 1979 se integró en el área de Inteligencia y "por tanto participó en las torturas que en forma sistemática se practicaban sobre los detenidos". Además, asumió el cargo de responsable del sector "Pecera", en el que se sometía a trabajos forzados y reducción a servidumbre de los detenidos designados con el objetivo de recuperarlos para el "nuevo orden" preconizado por los represores. Es decir, que Cavallo podía decidir quiénes eran liberados y quiénes "trasladados", es decir, asesinados.