MÉXICO DF, 7 Jun. (Notimérica) -
Un grupo de siete estudiantes mexicanos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) han sido erróneamente tratados como "presuntos terroristas" -según declaran sus abogadas Marely Vélez y Hokabet Quintero- por parte de la Procuraduría de Justicia del estado de Puebla, quienes han sometido a los jóvenes al registro de sus domicilios y propiedades, entre otras negligencias, a raíz del envío de una carta anónima escrita a máquina.
Además de estas ofensas, tal como ha señalado en rueda de prensa la abogada y defensa de los estudiantes Marely Vélez, los siete estudiantes narraron que a dos de sus compañeros se les amenazó con un arma de juego, recibieron golpizas, estuvieron incomunicados y no se les permitió ingerir alimentos ni agua. En el interrogatorio al que fueron sometidos, tampoco se les informó ni de los delitos que se les imputaban ni de la situación de su detención. Según dijeron los jóvenes, las autoridades primero les anunciaron que estaban en calidad de testigos; a continuación, supuestamente tres estaban acusados de presuntos delitos; después otros tres quedaban libres de cargos. Y actualmente los siete permanecen investigados por presuntos delitos.
"Lo único que encontraron es una carta escrita a máquina, una hoja sencilla en la que un hipotético muchacho realizó una denuncia anónima, argumentando que escuchó a un grupo de cuatro jóvenes hablar de las detonaciones que se habían producido meses atrás en la ciudad de Puebla. Y con sólo esta denuncia se fundamentó la acusación de la Procuraduría", ha indicado Vélez.
La defensa ha afirmado que los jóvenes fueron detenidos desde las cuatro de la mañana de la madrugada del viernes y no fue hasta las 11:30 horas de ese día cuando se les permitió tener acceso al conocimiento del porqué del arresto e imputación de supuestos delitos, así como el conjunto de pruebas en que se sustentaba la acusación.
Tras la liberación de Ana Rosa Zilli Colorado y Dulce Carolina Parra Escalona, estudiantes de la Facultad de Medicina; Carlos Arafat Rosas Villegas, Juan Carlos Tepde Ixtacua, Axel Jiménez Morillo, Shariff Guerrero Contreras y Erick López Cruz, de la Facultad de Sociología-- según confirma la revista 'Proceso'--, las familias de las víctimas han advertido que interpondrán una denuncia contra la Procuraduría de Puebla ante la Comisión de Derechos Humanos por la serie de irregularidades a las que han sometido a sus hijos para tratar de responsabilizarlos de los ataques con explosivos sucedidos el 27 de marzo y 1 de junio de en dicha ciudad.
Entre las pruebas de las autoridades, la abogada de los jóvenes ha añadido que se encuentran algunas "impresiones obtenidas de páginas web que citan la formación de un supuesto Comité Invisible" que se adjudica los hechos del 27 de marzo, cuando fue localizado un artefacto explosivo en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral de Puebla. Más las imágenes de una cámara de vídeo en las que aparecen dos personas de sexo masculino autoras de colocar el material; no obstante, no puede establecerse una correspondencia entre estos rasgos fisonómicos con los propios de los acusados.
"TRATAMIENTO COMO PRESUNTOS TERRORISTAS"
Uno de los estudiantes acusados detalló que 20 funcionarios, movilizados en cinco vehículos, se adentraron forzosamente en su casa alrededor de las cuatro de la mañana, coincidiendo en el momento en que todos los miembros de su familia se hallaban durmiendo. Tras "encañonarle", le advirtieron que realizarían un cateo en la búsqueda de pólvora, gasolina, estopa, gas y armas.
La policía decomisó los ordenadores, móviles y una camioneta de su propiedad, además de unos pósteres y carteles. En el allanamiento, las autoridades le preguntaron por su actividad en el movimiento estudiantil "YoSoy132" y en la Asamblea General de Solidaridad con Ayotzinapa.
Los siete jóvenes acusados coincidieron en señalar que fueron interrogados acerca de su conocimiento sobre la fabricación de bombas molotov, explosivos y si ejercían de periodistas o freelances para el periódico 'La Jornada de Oriente'.
"No hay ninguna prueba verídica que pueda involucrar a los siete estudiantes, son todo circunstanciales. Pero desde su detención, en todo momento han recibido la misma cortesía que si se tratasen de terroristas", ha reivindicado la abogada de la defensa.
Marely Vélez forma parte del Comité por la Libertad de los Presos Políticos y el Cese al Hostigamiento Social en el estado de Puebla. A su juicio, la actuación de la Procuraduría en el caso de estos jóvenes no es esporádica, este "mismo procedimiento se ha efectuado en las denominadas detenciones de presos políticos".