Actualizado 03/08/2016 12:22

La Fiscalía de Perú investiga a un grupo de policías acusados de ejecuciones extrajudiciales

Peú Poli
REUTERS

   LIMA, 3 Ago. (Notimérica) -

   La Fiscalía de Perú investiga la denuncia contra 96 policías de distintas unidades por, presuntamente, haber perpetrado ejecuciones extrajudiciales durante operativos armados en Lima y provincias, entre 2011 y 2015, para lograr ascensos y distinciones.

   Los investigados, 16 oficiales y 80 suboficiales, habrían cometido ejecuciones extrajudiciales bajo el liderazgo del comandante Enrique Prado Ravines. Los acusados serían los presuntos responsables de haber asesinado a 27 delincuentes en operaciones policiales, de robo de dinero público, de crear falsos escenarios y engañar a la opinión pública.

   Así lo ha corroborado un sujeto, que ha preferido guardar el anonimato por miedo, en una entrevista al programa de televisión 'Cuarto Poder', en el que aseguró haber formado parte de un grupo de informantes civiles (pagados por el comandante Prado) que reclutaba, engañaba e incentivaba a delincuentes de poca monta para cometer delitos aparentemente fáciles pero muy rentables.

   "Tengo miedo de que atenten contra mi persona, porque estoy siendo víctima de seguimientos. Me siento arrepentido de todo esto", confesó.

   Según dijo, después de estos contactos, los informantes filtraban la información a los agentes del momento exacto en que se iban a producir los golpes. De esta manera, los agentes enviaban a sus efectivos para sorprender a los delincuentes y asesinarlos, pero el comandante encubría estas muertes declarando que durante la intervención se habían producido enfrentamientos que ponían en grave riesgo la vida de los agentes.

   "No pensaba que iba a haber tantas muertes, como también de gente inocente. Somos seres humanos y morir de esa forma cobarde, acribillado por la Policía, no se puede permitir. Se rendían y los policías los mataba sin piedad alguna", contó.

   De este modo, Prado presentaría las intervenciones como gestas policiales, lo que le permitía lograr ascensos para él y su gente cercana, hacer un uso indebido de las partidas de dinero de inteligencia de la Policía y quedarse con una parte de él, según estableció el testigo.

   Por su parte, el abogado del comandante Prado, Isaac Nonalaya, negó que el oficial haya sido el responsable de las ejecuciones y aclaró que hasta el momento no ha sido notificado ni citado por la oficina de Inspectoría.

   Además, el exministro del Interior, Daniel Urresti, bajo cuya gestión ocurrieron algunas de las supuestas ejecuciones, declaró a la prensa local que no le consta la existencia de un supuesto "escuadrón de la muerte" en la Policía Nacional.