NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 19 Jun. (Notimex/Notimérica) -
Una serie de nuevos acuerdos firmados entre las autoridades de Estados Unidos y varias empresas dedicadas a la construcción y administración de cárceles facilitarían la detención de inmigrantes indocumentados, incluidos niños y mujeres, según ha señalado el organismo Detention Watch Network (DWN).
En un informe difundido esta semana, el DNW ha revelado que los nuevos acuerdos firmados entre la Oficina de Migración estadounidense(ICE), los gobiernos locales y las empresas privadas garantizan a los centros de detención una cuota mínima de personas internas.
El documento ha señalado que los beneficios financieros que otorga ICE a empresas públicas y privadas por un número fijo y preestablecido de personas detenidas convierte a los inmigrantes, incluso a los niños, en una fuente de ingresos y ganancias para los contratistas.
Según el organismo, la cuota mínima sería de 34.000 camas que deben permanecer ocupadas de manera permanente en los centros de detención en Estados Unidos, una cifra que fue establecida en 2009 por el Congreso del país.
Esta cifra, critican organismos civiles, no tiene precedente y ninguna otra dependencia del gobierno opera con una cuota similar. Señalan además que es poco ético y que cuesta 2.000 millones de dólares al año a los contribuyentes de Estados Unidos.
Adicionalmente a estas cuotas, el informe difundido esta semana ha destacado que existen mínimos establecidos en los contratos firmados entre la Oficina de Migración o gobiernos locales con empresas de construcción.
Estos cifras mínimas de personas detenidas está incluidas en al menos 24 contratos de centros de detención en el país, de acuerdo con la DWN.
Silky Shah, codirectora de DWN, ha afirmado que el informe "expone la extensión en la que las cuotas de detenciones locales incentiva el encarcelamiento de inmigrantes y alienta al ICE a seguir realizando prácticas de cumplimiento de la ley que son punitivas e injustas".
El documento estableció que los mínimos garantizados en contratos equivalen al menos a 12.821 camas que deben estar permanentemente ocupadas por inmigrantes detenidos, cerca de 40 por ciento de la cuota de 34.000 fijada por el Congreso.
De esas 12.821 camas que deben estar permanentemente ocupadas, un 93 por ciento se encuentran en instalaciones de empresas privadas, aunque algunos contratos son realizados con entidades públicas, como es el caso del Centro Residencial Familiar Berks, en el estado de Pensilvania.
El informe también ha denunciado la falta de transparencia y resistencia de las autoridades para cooperar cuando se les solicitada información, lo que impide entender el panorama completo de las cuotas, de acuerdo con la DWN.