BUENOS AIRES, 22 Jul. (Notimérica) -
Los legisladores argentinos del Frente para la Victoria (FpV) están trabajando en un proyecto de ley cuyo objetivo será imponer penas de hasta tres años de prisión para aquellos que hagan comentarios insultantes o discriminatorios en internet.
El proyecto de ley está impulsado por los diputados 'kirchneristas' Diana Conti, Remo Carloto, Carlos Heller y Andrés Larroque y no sólo penalizará a los usuarios que hagan "comentarios discriminatorios", sino también a los medios de comunicación en los cuales se publiquen.
Esto quiere decir que los medios en los que está habilitada la realización de comentarios por parte de los lectores tendrán que hacerse responsables por las opiniones que los usuarios viertan en internet, lo cual puede dar lugar a la autocensura con cierre de comentarios en las páginas web de los medios para evitar eventuales litigios.
Además, esta ley prevé invertir la carga de prueba, es decir, que aquél que sea acusado de discriminador por un comentario deberá demostrar que no lo es, con lo que se elimina la presunción de inocencia, un derecho garantizado por la Constitución Nacional de Argentina.
El proyecto ya había avanzado durante el año pasado, si bien había sido puesto en barbecho después de cosechar numerosas protestas, pero ahora el oficialismo ha retomado la idea y planea llevarla a cabo antes de que se acabe el mandato de Cristina Fernández de Kirchner el próximo mes de diciembre.
PREOCUPACIÓN ENTRE LOS EXPERTOS
Aunque los creadores de la ley son legisladores comprometidos con el proyecto 'kirchnerista', dentro del propio oficialismo se escucharon algunas quejas, como la del periodista Horacio Verbitsky, presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
El año pasado, Verbitsky mostró su "preocupación", ya que bajo su punto de vista la ley "pasa por alto estándares vinculados a la libertad de expresión", pero el proyecto ya ha sido aprobado por la Comisión de Derechos y Garantías del Congreso, con mayoría 'kirchnerista'.
Según explicó el CELS, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la ONU sólo admiten el bloqueo y filtrado de contenidos para casos muy específicos como "la propaganda de guerra y la apología del odio que constituya incitación a la violencia, la incitación directa y pública al genocidio, y la pornografía infantil".
Aunque la ley tiene como objetivo la eliminación de la discriminación, sin embargo es peligrosamente amplia y abre la puerta a la censura indiscriminada e incluso a la censura previa.
Varios expertos han expresado su preocupación al respecto. La secretaria de la Fundación Vía Libre, Beatriz Busaniche, señaló que "un marco difuso de responsabilidad de los intermediarios sólo contribuye como incentivo a la censura privada" de los medios de comunicación.
"Insinuar que se deban remover contenidos por el simple pedido de un particular puede promover actos de censura por parte de los administradores de sitios de internet", explicó el director Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELE), Eduardo Bertoni.