Actualizado 13/02/2008 18:22

Guatemala.- AI advierte a Colom que la reinstauración de la pena de muerte no resolverá la crisis de seguridad pública

También le pide que adopte medidas concretas para luchar contra el número creciente de casos de violencia contra las mujeres


MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La organización humanitaria Amnistía Internacional pidió hoy al presidente de Guatemala, Alvaro Colom, que no reinstaure la pena de muerte en el país y busque soluciones más "eficaces y duraderas" para la crisis de seguridad pública que afecta al país centroamericano.

En una carta abierta enviada hoy al presidente Colom, Amnistía Internacional le recordó que hace sólo dos meses el Gobierno de su país votó en las Naciones Unidas (ONU) a favor de una suspensión mundial de las ejecuciones.

"El presidente debe respetar ahora este compromiso. Guatemala debe dar la espalda a esta arcaica práctica y unirse a la abrumadora mayoría de países que ya lo han hecho", afirmó Sebastián Elgueta, investigador de Guatemala en Amnistía Internacional.

"La pena de muerte es la pena cruel, inhumana y degradante por excelencia. Es arbitraria, su ineficacia para reducir la delincuencia está demostrada y perpetúa un clima de violencia en el que nunca se puede alcanzar realmente la justicia", añadió Elgueta.

En su carta, pide también a Colom que adopte medidas concretas sobre algunas de las cuestiones de derechos humanos más apremiantes para Guatemala, como la inexistencia de investigaciones efectivas sobre violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado.

ASESINATOS DE MUJERES

Además, que luche contra el número creciente de casos de violencia contra las mujeres, contra el número de homicidios denunciados cada año, el elevado número de ataques contra defensores y defensoras de derechos humanos y los desalojos forzosos de comunidades rurales.

"Los desafíos para los derechos humanos en Guatemala siguen siendo enormes. Durante los cuarenta años que lleva observando la situación en el país, AO ha sido testigo de cómo los sucesivos gobiernos no han introducido mejoras reales en la administración de la justicia o en la erradicación de la impunidad", precisó Elgueta.

Precisamente el pasado mes de diciembre, la decisión de la Corte de Constitucionalidad de resolver en contra de la detención de las personas acusadas de genocidio cometido durante el conflicto armado interno fue otro "revés" más en la lucha contra la impunidad, añadió.

AI pidió también al presidente que autorice que se dé a conocer material de archivo en manos del Ministerio de Defensa que podría ayudar a la investigación de los homicidios y desapariciones forzadas de más de 200.000 personas durante el conflicto armado interno.

"El nuevo gobierno debe a los ciudadanos la adopción de medidas concretas para investigar y hacer comparecer ante la justicia a las personas que violaron los Derechos Humanos y para garantizar que en el futuro se salvaguardan plenamente sus derechos", concluyó.