Confiesa que "nunca" temió por su vida cuando estaba frente a la comisión contra la impunidad
MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -
Los hechos de violencia así como la impunidad --que actualmente se ubica en un 98% de los casos-- continuará en Guatemala si el Gobierno no atiende a las propuestas para reformar la Constitución y las leyes judiciales, ha alertado este martes el magistrado español Carlos Castresana, ex jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
En su primera conferencia en España tras dimitir de la CICIG el pasado junio, Castresana ha expresado su preocupación el aumento exponencial de los homicidios en los últimos años y advirtió de que, mantenerse la situación actual, el Gobierno de Álvaro Colom habrá sumado unos 26.000 asesinatos cuando finalice su período en 2012.
"Si no se modifican dramáticamente la tendencia de la actividad criminal durante la presidencia de Colom habrá sido asesinadas 25.000 o 26.000 personas", alertó Castresana en una intervención en la sede del Consejo General de la Abogacía Española en Madrid.
Guatemala actualmente es el sexto país más violento del mundo, mientras que unas 300.000 armas están en manos de bandas delictivas "sin ningún control", recordó el jurista español, que trabajó dos años en esa nación centroamericana investigando crímenes que habían quedado impunes.
Cuando se instaló la CICIG, comentó Castresana, había en Guatemala "un fenómeno criminal de tal envergadura que desbordaba la capacidad de sus instituciones" y la situación podría extenderse si las autoridades no toman las medidas sugeridas por la comisión enviada por la ONU.
Así, ha lamentado que la situación en Guatemala "no cambiará" si los ciudadanos "no se apropian de la justicia" porque "la ONU no va a estar ahí siempre para hacerles el trabajo". "Se necesita una reforma enorme", insistió.
Para el fiscal español, el problema de Guatemala es que "no ha sido capaz de construir una sociedad pacífica en el sentido de que los conflictos se resuelvan a través de las instituciones que los Estados arbitran, que no son otras que los tribunales de justicia".
La principal debilidad, según Castresana, la tienen las instituciones que deberán asumir a plenitud el control de los casos que hasta ahora estaban siendo investigados por la CICIG, abogados y fiscales guatemaltecos.
"Si el Congreso no aprueba las leyes, si el organismo judicial se sigue renovando mediante esos procesos corruptos de colocación de magistrados y si el Ejecutivo no hace crecer las instituciones ¿Cuándo va a estar Guatemala en condiciones de recibir esa transferencia de capacidad y de responsabilidad? Nunca", alertó.
RENUNCIA
Castresana renunció a su cargo frente a la CICIG a comienzos de junio pasado, después del nombramiento de Conrado Reyes como fiscal general de Guatemala, a quien acusó de pactar acuerdos con organizaciones ilícitas. Pocos días después Colom ordenó la destitución de Reyes.
Según Castresana, Reyes "abrió las puerta de la Fiscalía General a personas involucradas en actividades criminales con un curriculum que daba miedo fueron elegidas para cargos importantes", lo que podría constituir un problema para la labor de la comisión.
No obstante, la decisión la tomó una vez que constató que "la campaña de desprestigio" en su contra --que iniciaron algunos grupos que se habían visto afectados por la labor de la CICIG-- había llegado a "un nivel inaceptable".
"La campaña de desprestigio siempre es anterior a la violencia", subrayó el magistrado, quien confesó que nunca sintió temor por su vida, pero sí por lo que pudiese pasarle a los guatemaltecos que trabajan con él en las investigaciones.
"Sinceramente no estuve preocupado por mí mismo porque yo vivía en una cápsula hiperprotegida, posiblemente con mayor seguridad que el presidente de la República, pero si yo permanecía tarde o temprano iban a matar a alguien en la comisión", lamentó.
Durante sus dos años como titular de la CICIG fueron destituidos cerca de 1.700 policías --entre ellos altos cargos--, además de varios ministros y otros importantes funcionarios del Gobierno que tenían vinculaciones con grupos criminales o hechos de violencia. "Entramos demasiado en el terreno enemigo", admitió
La "falta de apoyo político" también fue un factor determinante para que Castresana decidiera dejar su cargo en esa conflictiva nación centroamericana. "No es un reproche personal, es que el propio presidente llega un momento que es incapaz de manejar la situación (...) porque son países de institucionalidad muy débil", denunció.
Pero su dimisión también estuvo motivada porque consideró que "ya estaba quemado" y que su misión en Guatemala ya había concluido. "Quería que buscaran una imagen fresca para continuara" con el trabajo de la CICIG, añadió.
Pese a las vicisitudes que tuvo que afrontar, Castresana aplaudió la labor de los guatemaltecos que formaron parte de su equipo en la comisión. "Los resultados que obtuvimos son de ellos y eso demuestra que sí se puede, siempre que se realicen las reformas legales que hemos sugerido", acotó.
En diciembre de 2006 el Gobierno de Guatemala y la ONU acordaron establecer la CICIG como organismo de apoyo a la Fiscalía, a la Policía Nacional y a otras instituciones guatemaltecas con el objetivo de investigar un número limitado de casos relacionados con el surgimiento de grupos armados ilegales y de organizaciones criminales, muchas de las cuales han sido desmanteladas desde que la comisión comenzase a operar, en 2008.